El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig no se cansa, en los últimos días, de reclamar la descentralización de las estructuras del Estado en España. En Valencia pretende instalar la del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) con sus cerca de 200 trabajadores. Al menos así lo ha vuelto a reivindicar esta mañana en una conferencia organizada por Europa Press.
En su intervención Puig, ha reivindicado una reforma urgente del modelo de financiación autonómica y el despliegue de una «potente» política de desarrollo regional que responda a las actuales asimetrías territoriales.
Asi, ha propuesto “un mayor reconocimiento a la pluralidad que caracteriza la invisibilizada España policéntrica», y ha reivindicado la descentralización de estructuras, aludiendo así a la posibilidad de que organismos del Estado puedan trasladar sus sedes de Madrid a otras ciudades como por ejemplo Turespaña a Palma; la sede central del Instituto Español de Oceanografía, a Vigo; el Centro Nacional de Danza, a Sevilla; además del OPPE; así como celebrar la Fiesta Nacional de España cada año en una ciudad distinta.
Entre otros datos, Puig ha señalado que la capital de España acoge 150.574 empleados del sector público estatal, de los cuales 44.315 corresponden a instituciones que podrían estar ubicadas en cualquier otro lugar de España, y que tendrían un importante efecto tractor allí.
Asimismo, ha defendido la urgencia de «redibujar» los mapas de infraestructuras y ligarlos a criterios de población, economía y eficiencia, para pasar «de la radialidad a la racionalidad». En este sentido ha defendido la necesidad de que el Corredor Mediterráneo sea ya una realidad, puesto que por él transitan más del 50 % de las exportaciones a Europa.
Armonización fiscal y contraprestación
Durante su intervención, el presidente ha señalado el «centralismo ineficiente» como otro de los desafíos, al que ha calificado como un «procés invisible» de una capital que no tiene en cuenta las consecuencias de sus decisiones para el resto del país y que está fracturando España.
Frente al centralismo el jefe del Consell ha propuesto cohesión, y asociar capitalidad a equidad y solidaridad. Para ello, ha defendido una armonización fiscal que limite el efecto capitalidad, y ha instado al Comité de Expertos para la reforma fiscal a estudiar una aportación de los más beneficiados por este efecto generado gracias al sustento público estatal y a las «economías de aglomeración».
Ximo Puig ha cuantificado en 4.453 millones las rebajas fiscales para las rentas altas gracias a las ventajas de la capitalidad y el dumping fiscal, lo que supone una competencia desleal que atrae bases imponibles de otros territorios, afectando así a su recaudación. Por ello se ha mostrado convencido de que «si hay privilegio, debe haber contraprestación para conseguir una España más justa».
Pleno de altos cargos del Estado y autonómicos
En la presentación de Puig, han asistido, entre otros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá; además de una nutrida representación del cuerpo diplomático, representantes del Senado, agentes sociales y económicos, medios de comunicación y otras autoridades.
Por parte de la estructura del Gobierno autonómico han estado presentes entre otros el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau; el conseller de Hacienda y Administración Pública, Vicent Soler; la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo; la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló; el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent; el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad; Arcadi España; la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, y la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo.
