La nueva Política Pesquera Común entrará en vigor en 2014 y sustituirá a la actual, vigente desde 2002. El objetivo del Parlamento ha sido facilitar el incremento de las poblaciones de peces incluso por encima de un nivel sostenible. Según la Comisión Europea, el 80% de las poblaciones mediterráneas y el 47% de las del Atlántico están sobreexplotadas. El sector pesquero genera 35.600 millones de euros de ingresos en la UE y da trabajo a 310.000 personas (138.500 en el sector de las capturas).
El texto obliga a los Estados miembros a fijar cuotas de pesca sostenibles a partir de 2015. Solo en casos excepcionales se podrá aplazar esta obligación hasta 2020, a más tardar.
El acuerdo subraya que los pescadores tendrán que respetar el rendimiento máximo sostenible (RMS), que establece el límite de capturas que pueden extraerse de una población de peces año tras año sin poner en peligro su capacidad de regeneración futura.
La PPC introduce la práctica prohibición de los descartes en un plazo definido claramente que irá de 2015 hasta 2019. Las capturas no deseadas devueltas al mar, normalmente por su pequeño tamaño o por tratarse de especies de bajo o nulo valor comercial, representan una cuarta parte del total de capturas en la Unión Europea y, en la mayoría de los casos, los peces mueren.
Con el fin de poner término a esta práctica, que actualmente no está sujeta a ningún tipo de prohibición, la nueva PPC obligará a los barcos a descargar al menos el 93 por ciento de las capturas en 2015 y 2016, el 94 por ciento en 2017 y 2018 y el 95 por ciento a partir de 2019. El Parlamento ha intentado mantener este porcentaje lo más alto posible durante las negociaciones con los Estados miembros. Podrán aprobarse algunas excepciones cuando a los pescadores afectados les resulte sumamente difícil realizar capturas más selectivas o cuando la transformación de las capturas accesorias conlleve costes desproporcionadamente altos.
Respecto al exceso de capacidad que existe en algunos segmentos de la flota de la UE, la nueva política pesquera obliga a los Estados miembros a adaptar sus capacidades de captura a los recursos disponibles y, por tanto, evitar la sobreexplotación de las poblaciones de peces. Cada país podrá escoger las medidas y los instrumentos para reducir la capacidad de las flotas.
Si un Estado miembro no cumple su obligación de evaluar y eliminar la sobrecapacidad de su flota, podrá estar sujeto a la suspensión o interrupción de la ayuda financiera de la UE dirigida al sector pesquero.
La reforma reconoce la importancia de promover la creación de empleo directo e indirecto en las regiones costeras y mantiene las normas vigentes que restringen el acceso a los recursos marinos situados dentro de las 12 millas náuticas. El objetivo de esta medida es preservar la pesca artesanal y, por tanto, fomentar el desarrollo social y económico de las comunidades dependientes de estas artes pesqueras.
La nueva PPC trata de proteger los recursos marinos de las regiones periféricas, entre ellas las islas Canarias. La nueva política pesquera permitirá a los Estados miembros restringir las actividades pesqueras en las aguas que circunden las regiones periféricas hasta las 100 millas náuticas. El acuerdo prevé que los países podrán limitar, hasta finales de 2022, la pesca en estas aguas a los buques registrados en los puertos de los territorios periféricos.
La reforma también incluye criterios de acceso, de tal forma que los Estados miembros deberán repartir en el futuro las cuotas de capturas entre sus pescadores de acuerdo con criterios objetivos y transparentes. Estos criterios deberán contemplar aspectos medioambientales, sociales y económicos, lo que beneficiará a los segmentos de la flota pesquera que puedan demostrar que crean un número de puestos de trabajo superior a la media y que generan un impacto en el medio ambiente por debajo de la media.
Otra de las medidas previstas afecta a una mayor descentralización de las decisiones. Su objetivo es adoptarlas, especialmente cuando se trate de normas técnicas detalladas que deban establecerse en cada zona marítima, a través de un contacto más estrecho con los afectados, y no de forma centralizada como hasta ahora. Aunque la UE deberá seguir comprobando si se están cumpliendo los principios de la política pesquera de la UE.
El texto establece además que la UE debe evitar contribuir a la sobrepesca en aguas de países terceros. Especifica que sólo podrán capturarse los excedentes no utilizados por un país tercero, tal como se prevé en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En el futuro, los acuerdos de pesca con países terceros incluirán una cláusula en materia de derechos humanos, es decir, que los acuerdos podrán suspenderse si se violan estos derechos.
El Parlamento europeo aprobó también otro reglamento sobre la organización común de los mercados (OCM) de la pesca y la acuicultura. Las nuevas normas sobre comercialización y etiquetado tienen por objetivo garantizar que los consumidores reciban toda la información necesaria sobre la calidad y la sostenibilidad de los productos que compran, por ejemplo, el arte de pesca utilizada y la zona en que fueron capturados.
