Con Italia al margen, porque debe ser de los Estados del mundo con mayor diferenciación en el buen funcionamiento de los sectores privado y público (uno lo hace y el otro no), España es el principal contraejemplo en los mercados internacionales: el único país donde se priman más los votos que las necesidades económicas reales, lo que hace que no funcione ni el sector privado ni el público y que, en caso de asemejarse a alguno de los dos modelos, se parezca más a Italia que a Alemania.
El ejemplo está, sin duda, en las infraestructuras. Con independencia del Ejecutivo de turno, la concentración de las competencias y un centralismo derivado de los 40 años de régimen dictatorial ha derivado en una situación insólita, de difícil resolución, dulcificada durante la transición a la democracia con una frase tan estúpida como poco efectiva: el famoso «café para todos».
A la insensatez de construir líneas de alta velocidad ferroviaria de forma radial, partiendo desde la capital administrativa (que no económica) con destinos tan poco rentables como Cuenca, Albacete, Calatayud o Segovia; se le une la construcción o el permiso para nuevos aeropuertos o el mantenimiento de algunos. Ejemplos existen los que quieran: Ciudad Real, Castellón, Córdoba, Logroño, Albacete… A todo esto se le debe sumar un sistema portuario público ineficaz, por su improductividad económica, que hace que las instalaciones con mayor potencial tengan que mantener a puertos ineficaces (leer información relacionada).
Pues bien, parece que Bruselas y los socios comunitarios se están hartando de este planteamiento provinciano y han empezado a actuar. El perjudicado en España será Aena, el gestor público de los aeropuertos españoles. La Comisión Europea aprobó ayer las nuevas reglas que limitan las ayudas públicas en el sector de la aviación, con el objetivo de frenar la construcción de aeropuertos regionales innecesarios y/o no rentables. Además, estas nuevas normas obligarán a suprimir en un plazo de una década aquéllas subvenciones que sirven para cubrir pérdidas, además de acotar ayudas a aerolíneas.
El comisario español Joaquín Almunia fue claro en su intervención: «Lo que queremos evitar es la duplicación de aeropuertos no rentables y la construcción de aeropuertos que no se usan. Desafortunadamente, ya ha habido ejemplos concretos y bien conocidos de este mal uso del dinero de los contribuyentes en varios Estados miembros y eso no debe suceder de nuevo», señaló.
Si en el mercado aéreo son los aeropuertos de Barajas, El Prat, Palma de Mallorca o Málaga los que mantienen a los menos eficaces; en el mercado ferroviario, controlado por la empresa pública Adif, la situación es aún más insólita, con muchas líneas bajo sospecha por la baja rentabilidad respecto a los pasajeros por inversión realizada. Vista esta situación, me viene a la cabeza el funcionamiento del Organismo Público Puertos del Estado, muy similar al de Aena en este aspecto.
El presidente de la entidad, José Llorca, reconocía hace pocos días en el Congreso que existen nueve puertos del sistema estatal con déficit (ver información relacionada). A esto se le puede añadir que hay otros tantos que pese a poder presentar cifras económicas positivas, sus niveles de tráfico son irrelevantes. Existen como tales porque hay puertos (con obligada solidaridad), como el de Barcelona, Valencia, Algeciras o Bilbao. De ahí la necesidad de reformular el sistema español (ver artículo relacionado)… antes de que Bruselas meta mano.
Una solución, que ya está planteada para Aena (pese a las reticencias del ministro Montoro) es la privatización del 60% de la empresa aeroportuaria, que podría llevarse a cabo en marzo. La idea pasa por sacar una parte al mercado de valores y colocar las restantes participaciones entre inversores institucionales. Pero ya se verá de qué manera.
A finales de mayo del pasado año, alguien -previsiblemente desde el Gobierno- lanzó un globo sonda para explorar las reacciones de una posible privatización de Puertos del Estado (ver noticia relacionada), pero todo quedó ahí. Quizá ahora sería un buen momento para reactivar este interés, pues dudo que las autoridades europeas de Competencia hayan querido instrumentalizar el sistema aéreo comunitario y no se planteen hacer nada con el sistema portuario. Sería, sin duda, la mejor manera de rentabilizar las instalaciones españolas… y un paso hacia adelante para que España entre dentro del grupo que se ciñe a los modelos económicos mixtos, tan necesarios para reactivar realmente el país.
