La autoridad marítima de Las Palmas, a la vista del riesgo que suponía un buque a la deriva cargado con mercancías peligrosas y altamente contaminantes, decidió tras hablar con el capitán, darle una hora de margen para reparar la avería. Transcurrido ese tiempo, el buque tendría que contratar un remolque o aceptar el remolcador de Sasemar que la autoridad marítima pondría a su disposición.
Vencido el plazo, el capitán del buque se negó a aceptar la condición impuesta por la autoridad marítima, hasta el punto de que fue necesario recurrir a las fuerzas de seguridad del Estado para convencer al capitán del ORESTINA de la determinación de las autoridades españolas. Alegaba el capitán que su buque no precisaba asistencia y que repararían la avería del motor con sus propios medios, ignorando las razones de las autoridades españolas, legitimadas por la ley para no aceptar riesgos innecesarios contra el medio ambiente marino en sus aguas territoriales..
Sin necesidad de un intervención efectiva de la Guardia Civil, el capitán del buque tanque aceptó coger el remolque del MIGUEL DE CERVANTES y entrar en puerto con práctico y dos remolcadores de puerto para auxiliar en la maniobra de atraque.