Tras el encuentro, el ministro y los presidentes de las comunidades autónomas aprobaron una declaración institucional en defensa del sector naval español en la que solicitan la reconsideración de la propuesta avanzada por el comisario de la Competencia.
Según esta declaración, «el futuro del sector naval español está en riesgo. Alrededor de 87.000 empleos y 19 astilleros privados, armadores nacionales e internacionales y una voluminosa industria auxiliar, corren el riesgo de desaparecer si el comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia, decide materializar su amenaza de que España deberá devolver las ayudas del tax lease que la Comisión Europea ha considerado ayuda de Estado tras la denuncia en 2011 de los astilleros holandeses».
La declaración continúa con que «Esta decisión obligaría a devolver en torno a 2.000 millones de euros en ayudas percibidas por el sector naval español desde el año 2005 en adelante, lo que abocaría directamente a la ruina a un sector industrial vital para España, que exporta el 90% de lo que produce, con una elevada capacidad tecnológica, puntero a nivel internacional y con capacidad de generar nuevos puestos de trabajo de manera inmediata. Además de suponer el incremento de las ya preocupantes cifras de desempleo en España, la pérdida de miles de puestos de trabajo se focalizaría en tres comunidades autónomas españolas, fundamentalmente Galicia, País Vasco y Asturias».
Además, «una eventual decisión de reembolso de las supuestas ayudas supondría un grave trato discriminatorio de España respecto a Francia, que en un expediente similar fue eximida de devolver las ayudas por aplicación del principio de seguridad jurídica, que contundentemente ha sido demostrado por España. Si en ese momento lo argumentado por Francia fue válido para la Comisión Europea, ahora debería aplicarse el mismo criterio y no otro que manifiestamente acabaría con un sector industrial español y con muchos armadores europeos».
Ahora, la pelota se ha trasladado a los tejados de Bruselas y será Durao Barroso el que decida si acaba con el sector naval español o, por el contrario se aplican los mismos que en Francia.
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