La laxitud de las regulaciones y los controles gubernamentales, los fallos a la hora de gestionar el desastre y la corrupción de algunos funcionarios contribuyeron decisivamente al accidente y a sus trágicas consecuencias, según las primeras conclusiones de la investigación. Esas conclusiones han sido remitidadas a la Fiscalía, incluyendo pruebas de la corrupción de 11 funcionarios del Gobierno e indicios suficientes para tomar medidas contra otros 40 trabajadores públicos que habrían tenido alguna responsabilidad en el accidente.
La administración portuaria de Incheon, de donde partió el buque, otorgó irregularmente la licencia de navegación del ferri, mientras el organismo gubernamental encargado de garantizar la seguridad de los buques no practicó los controles adecuados.
Por su parte, la Asociación de Transporte Marítimo de Corea, que evalúa la seguridad en el puerto, no detectó que el buque estaba sobrecargado ni que las mercancías no se encontraban adecuadamente estibadas y trincadas.
El informe acusa asimismo al Coastguard sucoreano de no mantener una comunicación adecuada con el SEWOL y emitir órdenes de rescate erróneas, lo que habría llevado a perder un tiempo crucial en la operación, en la que solo pudieron ser salvadas 172 personas de las 476 que iban a bordo.
En paralelo a la difusión del informe preliminar sobre la tragedia del SEWOL, la policía surcoreana continúa la búsqueda del armador del buque, responsable de la práctica de sobrecargar el buque sin sobrecalarlo, y de las deficiencias de seguridad detectadas por la investigación (ver artículo relacionado). Y continúa la vista oral del proceso contra el capitán y quince tripulantes del ferry que se está desarrollando en Gwangju, en el suroeste del país, acusados de abandonar el buque sin auxiliar a los pasajeros.
