Aviso a los navegantes. A quienes se embarquen ilegalmente hacia las costas europeas les esperan tiempos todavía más duros en 2025. Arrecia la represión y para entrar habrá que ceñirse contra la nueva dirección del viento legislativo que Europa se propone aprobar para impedir la entrada de inmigrantes ilegales. Lo han anunciado las últimas medidas y declaraciones publicadas en la segunda quincena del año: el Consejo de Europa se ha decantado por seguir la estela coercitiva trazada por la primera ministra italiana, Meloni, quien, a su vez, promete reabrir el centro de detención en Albania; el barco OPEN ARMS, ya criminalizado al suprimirse la “Cláusula humanitaria” (2002), ha perdido el juicio contra Salvini por bloquearle durante 20 días la entrada a un puerto italiano con 147 personas a bordo (2019).
Y, sobre todo, se ha comprobado que la política de mano dura de Italia lleva más de un año siendo eficaz conforme mes a mes cae en número de inmigrantes que llegan a sus costas (60% menos), con los consiguientes menos muertos y desaparecidos. Por el contrario, sin controles en África en la ruta alternativa del Atlántico hacia Canarias han muerto este años 9.757 personas, según la oenegé Caminando Fronteras, quizá sea una cifra exagerada porque durante el mismo periodo desembarcaron en las islas 47.000 inmigrantes. En todo caso una enorme tragedia que habría sido minusvalorada. También en la ruta del Mediterráneo oriental ha empeorado este año la situación.
Menos inmigrantes indeseados que atender, menos naufragios sobrecogedores en el Mediterráneo central. Meloni, Von de Leyen (presidenta de la Comisión Europea) y la mayoría de los gobiernos de la UE parecen dar así alguna solución a costa de mermar el compromiso de Europa con los derechos humanos, la solidaridad y otros valores que figuran en los frontispicios del Tratado de la Unión Europea (1992) y del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950, 2021). Son valores y principios que Europa exhibe como mascarón de proa por cuanto sirven, como en los grandes veleros, para identificarse, jerarquizarse y engalanarse con superioridad moral respecto a los demás entes políticos. Pero que mal aguantan los golpes de mar de la oleada de personas que arriban del sur confiando en que los principios democráticos que exhibe Europa les garantizarán la protección y el progreso individual también a quienes son vulnerables dada su extrema pobreza. “Los condenados de la tierra” (1961, Franz Fanon) han tomado así la medida al orgullo moral que exhibe Bruselas devolviéndoles el golpe a los países ex colonialistas aprovechando la globalización.
Von de Leyen reincide en las políticas restrictivas que para contener la inmigración ilegal han fracasado en las dos últimas décadas. El resultado es, pues, previsible porque hay una contradicción básica entre ser solidarios y acoger a quienes lo pidan a pesar del entorno geopolítico que rodea el sur y sureste del Viejo Continente, marcado por las guerras y las profundas desigualdades de bienestar y oportunidades a un lado y otro del Mediterráneo. Bruselas no puede dar abasto si acoge sin restricciones. Máxime cuando la UE es la única entre los ricos de Eurasia y Oceanía en acoger incluso con generosidad o solidaridad. China, Japón y Australia no lo hacen. Y los países del Golfo Pérsico se limitan a dar a los pobres extranjeros millones de contratos de trabajo, rara vez de residencia o con reagrupación familiar y menos todavía de ciudadanía, poco menos que recluyéndolos al salir del tajo en ciudades dormitorio.
Europa ha caído en el lazo de pregonar solidaridad y al mismo tiempo intentar rechazar a quienes lo pidan por cauces ilegales porque no tienen otra alternativa. De aquí sus mascaradas de salir del paso con eufemismos para aplicar mucha más represión con los inmigrantes. Para contenerlos, Von de Leyen ha propuesto para 2025 aplicar “soluciones innovadoras” que consisten en externalizar las fronteras, en aumentar las deportaciones, en estrangular incluso las meras peticiones de asilo, en restringir las ayudas sociales a los irregulares, en crear campos de internamiento fuera de la Unión Europea (Pacto sobre Inmigración y Asilo. 14.05. 2024)
Llama innovadoras a las viejas y recurrentes propuestas propias de la extrema derecha, toda vez que consideran haber sido poco eficaces colocar más y más vallas y más altas, crear la policía de fronteras (Frontex, 2003), apoyar a las oenegés, abrir los CIES (Centro de Internamiento para Extranjeros), registrar a cada inmigrante con sus huellas dactilares, tener un banco de datos compartido, Eurodac, lanzar operaciones navales ad hoc en el Mediterráneo incluso con la participación de barcos militares.
La Armada italiana protagonizó la operación Mare Nostrum (2013-2014) contra la inmigración ilegal, si bien lejos de reprimir a los traficantes hizo de efecto llamada al rescatar, a modo de la oenegé Open Arms, a 150.000 personas que desembarcó en Italia. La otra derrota operativa de los barcos militares fue a cargo de varios países de la UE con el apoyo de la OTAN (EUNAVFOR MED, 2015). Ridículo. No ha vuelto a emplearse la fuerza por parte europea en el Mediterráneo para matar moscas a cañonazos.
Externalizando la represión
El fracaso parte de que una vez que los inmigrantes pisan suelo comunitario ya han ganado por la mano a quienes pretendan echarles atrás: reciben de entrada un acogedor trato humanitario y tras correr unos plazos legales pasan de ser inmigrantes ilegales a irregulares, lo cual les permite recibir ayudas sociales y empezar a valerse por su cuenta trabajando de ventura hasta obtener los primeros papeles para empadronarse, luego los de residencia y acabar nacionalizados. En esto consiste el gran efecto llamada. De aquí el plan innovador de Von der Leyen de evitar que la mayoría desembarquen en la Unión Europea porque antes han sido controlados, retenidos o rechazados en los países de donde parten en barco, cayuco, patera o gomones. Consiste en cribar la entrada a los probables ilegales de índole económica (quizá el 80%) y en desincentivar a quienes esperan aventurarse.
La jugada parece maestra. Los inmigrantes ilegales lo tienen más difícil pasar la última prueba de llegar a suelo comunitario y el control/represión corre a cargo de funcionarios extranjeros, aunque vulneren los derechos humanos a modo de poli malo por encargo. En último término, la Unión Europea niega la solidaridad a la mayoría de los retenidos fuera de sus costas, y no se hace responsable de la suerte de quienes son rechazados. Se lava las manos. Se limita a conceder contrapartidas a los países que colaboren en contener la inmigración por vía marítima. Corre con los gastos de proporcionar medios a sus guardacostas y buques de salvamento (formación del personal, patrulleras, equipos modernos de vigilancia…) para que cubran las zonas SAR (Search and Rescue) que correspondan a sus países. Además, les dota de infraestructuras para los puestos de control y centros de retención.
Las ayudas económicas y de otro tipo a estos países se dan por descontado. El acuerdo con Turquía (2015) anticipó los de Libia y Túnez y presagia los siguientes. Sin olvidar el logrado por España con Marruecos (2022) tras la avalancha de unas 9.000 personas que entraron a la carrera o a nado en Ceuta (17.05.2021) a resultas del conflicto híbrido que mantienen Madrid y Rabat. Se contuvo la inmigración ilegal en el Estrecho gracias a las concesiones, la principal de ellas otorgada por carta de Pedro Sánchez aceptando, a costa de los saharauis del Polisario, la soberanía de Rabat sobre el Sahara occidental. Es otra prueba, otra mascarada con que primar los intereses nacionales y comunitarios sobre los derechos humanos y la solidaridad. En este caso sin la participación de la extrema derecha española, sino del gobierno socialista y podemita, de quienes se arrogan la defensa de los inmigrantes. Aunque a partir de entonces, quienes saltaban la valla de Ceuta ya no tuvieron ocasión de hacerlo y debieron coger rutas más peligrosa y caras.
También es controvertida la actitud del presidente de Gobierno cuando prometió devolver, aún no, a los inmigrantes ilegales al tiempo que hizo una defensa cerrada de la inmigración porque aportaba más de lo que recibe y garantizaba el sistema de pensiones (octubre, 2024). La muerte este año de quizás 9.757 personas en el Atlántico cuestionaría en parte este discurso incluso solidario con los inmigrantes. Su proceder recuerda al general Serrano quien siendo capitán general de Cuba (1859-1862) procuró reprimir la trata de negros mientras dejaba hacer a los esclavistas ingresar esclavos porque interesaba a la economía de la Isla.
Un decisivo cara a cara
Las “soluciones innovadoras” de la Comisión Europea consisten en no afrontar la crisis cara a cara con los inmigrantes ilegales. No se cuenta con ellos para nada, pues una vez externalizada la crisis que provocan, dichas personas dejan de tener en Europa cara y ojos. Se evita el chantaje emocional que plantea la empatía a quienes no desean hacerse cargo de los ilegales. Reprimir sin verlos conlleva menos objeciones morales y ningún compromiso con ellos.
Cualquier marino sabe de ello por los polizones. Mi primera experiencia a bordo con la inmigración ilegal fue en 1982 unas doce horas después de salir de Pointe Noire (Congo Brazzaville). Al acabar las operaciones de carga habíamos hecho, sin éxito, un fondeo en busca de posibles polizones. Largamos cabos. Al amanecer el primer oficial vio en su guardia desde el alerón a un joven negro sentado en una bita de popa. Allí estaba, esperando a que nos hiciésemos cargo de él. ¡Qué remedio! Por de pronto el problema lo tenía el capitán burgalés Victoriano Contreras, quien, tras avisar a las autoridades y a la naviera, decidió que de algún modo fuese uno más de la tripulación porque quedaban muchas jornadas de navegación hasta Sauda (Noruega). Trabajó con el nostramo, tuvo su camarote y entrepot gratis (bebidas…) y convivió como uno más entre los compañeros hasta que muy pocos días antes de llegar a Sauda el cocinero alertó de que le faltaban cuchillos. Se inspeccionó el camarote del joven negro y allí estaban, bajo el colchón. Adiós empatía, se le encerró y al atracar fue entregado a las autoridades, quienes de seguido le deportaron a su país porque por entonces apenas había considerandos legales para ello. La convivencia probó lo fácil que era personalizar al inmigrante con nombre propio hasta que surgió la desconfianza mutua. Es lo que sucede con los inmigrantes si se empatiza con ellos, cosa que no ocurrirá con muchos si se externaliza su control de acceso a Europa.
El otro cara a cara que reseñar sobre la inmigración ilegal me ocurrió poco antes de jubilarme cuando a diario había quienes en Tánger y Ceuta intentaban pasar a Algeciras en los ferris. La alumna de Náutica me avisó, estando atracados, de que había alguien escondido en uno de los botes salvavidas. La sorpresa vino cuando esperándome a un joven desarrapado vi a un señor con modales y bien trajeado de blanco. Le convine a que bajase del bote porque debía entregarlo a los policías marroquíes. Al intentar convencerme de que hiciese como que no lo había visto, le expliqué que de ninguna de las maneras porque lo impedía mi responsabilidad. No se habló más. Muy fácil. Fue como si en un barco con bandera española se hubiese externalizado el control de la inmigración ilegal. Ni devolución en caliente ni trámites. Pelillos a la mar. Los acuerdos entre Estados habían solventado de antemano estos casos en los puertos de Tánger y Tánger Med.
Algo así pasará en África con la externalización de las fronteras porque la mayoría de quienes deseen alcanzar la Unión Europea no tendrán la oportunidad del contacto personal con quienes oficialmente les recibirían en suelo comunitario. Pierden los beneficios de la ética del encuentro, base de un compromiso con quien está en precario, y de una legislación garantista proclive a que se quede protegido mientras se estudia su solicitud personal de refugio y asilo.
El Estado europeo al que llega se hace responsable de él nada más pisarlo y encima lo tiene muy difícil deportarlo si no es voluntariamente y a un país considerado seguro, lo cual es harto complicado a nada que lo recurra, ni que sea el inmigrante de índole económica que se cuela a rebufo de unas vías abiertas para los refugiados de verdad. Las regularizaciones masivas, España ha anunciado otra, esta vez de 900.000 personas, delatan cual es la solución más fácil una vez se ha tenido un cara a cara que inicie los procedimientos legales. La alternativa es poner las eufemísticas fronteras flexibles, es decir, las que preventivamente impiden llegar a la Unión Europea y rechazan a las personas sin tener tantos miramientos con la solidaridad/derechos humanos ni con las responsabilidades directas por parte de Bruselas. De no ser así, no se acordarían levantarlas en suelo africano. No valdrían la pena.
La seguridad, el quid de la cuestión
El mascarón de proa de los grandes valores europeos exhibe principios rectores que no obligan legalmente (la solidaridad y la tolerancia no son preceptivas). De hecho, se soslayan en cuanto la inmigración amenaza los intereses relacionados con la seguridad nacional basada en el control de las fronteras (ej. Orban, Hungría), lo que a su vez garantiza la aplicación de ley y orden, la convivencia, la cohesión social, en suma. Dejarse desbordar por la inmigración supone una dejación que no se pueden permitir los gobiernos. Dicho sin ambages por Meloni: “No puede ser un delito defender las fronteras de Italia”. Aunque hay países que abren la mano porque les conviene, como al español, entre otros motivos, por la baja natalidad sumada al tipo de economía de bajos salarios, de trabajadores inmigrantes más dóciles y de la afinidad de los hispanoamericanos.
Mucha Unión Europea, mucho proclamar solidaridad, pero en último término la cuestión es quién manda y punto. Y son los Estados nación de la UE, sin cuyo concurso son vanas las decisiones de Bruselas y de quienes dependen en cada caso los derechos reales de los inmigrantes, sean o no residentes. Incluso el derecho internacional humanitario no siempre lo aplican tal cual. Tienen margen para interpretarlo, su eficacia depende de ellos y en ningún caso están obligados a paliar los desastres que la inmigración les trae a sus puertas, salvo fuerza mayor como las avalanchas de refugiados a causa de las guerras o desastres naturales.
Un grave problema que se plantea a los Estados es que el mar y sus costas adyacentes son potenciales áreas de transgresión difíciles de controlar. La libertad de movimientos de Schengen hace el resto para que los inmigrantes tengan bastante libre paso a otros países europeos, razón por lo cual fracasa la solidaridad entre las naciones comunitarias cuando hay que reubicar con cuotas a los inmigrantes irregulares o se plantea a quién corresponde otorgar el estatuto de refugiado y, por tanto, hacerse cargo de quienes lo obtengan.
La solución que se plantea es externalizar el control fronterizo también para que ningún Estado ribereño cargue sin paliativos con la inmigración ilegal ni los países más al norte sientan que son objetos pasivos de una crisis que debería serles ajena si pudiesen regular ellos mismos los flujos migratorios. Lo que subyace es el conflicto entre seguridad y solidaridad cuando esta última es sobrevenida y llegado a un punto amenaza con desbaratar la arraigada cohesión del modus vivendi europeo. Porque si unos se arrogan el “derecho humano a migrar”, según pude leer en una pegatina puesta en el chaflán de La Pedrera (Barcelona), también los hay quienes tienen derecho a que se les tenga en cuenta su colectiva homogeneidad forjada durante siglos.
El conflicto surge entre quienes defienden derechos contrapuestos y cuentan con medios propios para ganarlo. Unos con la pujanza electoral a favor de la extrema derecha, capaz a su vez de escorar el tablero político hacia sus tesis conservadoras. Y los otros, con la rebelión y resistencia que en cierta manera supone saltarse las fronteras y las leyes, y una vez dentro de la UE, agruparse y movilizarse en defensa de sus intereses específicos a grupas de los derechos humanos que alientan las propias democracias a las que han arribado o ya han terminado por asentarse.
Es un toma y daca cuyo actual capítulo consiste en externalizar fronteras, aumentar las deportaciones… para que en los países europeos no medre en demasía la contestación de los inmigrantes, evidente en sus manifestaciones multiétnicas y en su apuesta electoral por los partidos progresistas, por quienes más les apoyan. Es la acción y la reacción de la Europa que viene, la mestiza, último fruto a su vez de la “Europa, madre de revoluciones” (Frederic Herr, 1964), esta vez pendiente de compatibilizar seguridad y solidaridad en una sociedad multiétnica que respete la igualdad para los inmigrante al tiempo que también la identidad del Viejo Continente propicia para los autóctonos.
Un proyecto inacabado
La inmigración masiva no estaba prevista en la construcción de la Unión Europea. Ha llegado tan de improviso que todavía no se acierta cómo encajarla y, por tanto, priman los intereses nacionales al extremo de que provocó el Brexit porque el Reino Unido prefirió recuperar el control pleno de sus fronteras ante la avalancha también de un millón de sirios (2015). Prueba de que esta crisis, hoy todavía inmanejable, es la adopción de medidas cada vez más duras para intentar atajarla incluso arrumbando en parte principios y valores que desde sus tratados/convenios fundacionales marcaban pautas a la UE (Art. 2 y otros del Tratado)
Están en juego, debido también a la crisis de la inmigración, la credibilidad de los líderes, la estabilidad de los gobiernos, la confianza en la solidaridad/tolerancia y llegado el caso la legitimidad de un proyecto político que estaba pensado solo para los europeos y que ya es imposible que sea así. Todo se ha complicado. Servicios públicos desbordados, sectores de las clases medias y trabajadoras que se sienten perjudicados, incluso a pesar del crecimiento económico colectivo, mientras los inmigrantes medran; guerras y conflictos híbridos que azuzan como arma la inmigración ilegal; atentados terroristas de signo exógeno. Sin obviar la batalla política que emplea la inmigración como arma electoral: la izquierda para descalificar de insolidario /fascista a quien pida su control, la extrema derecha para recabar apoyos autóctonos (“que te vote Mohamed”). Y todo esto coincide con una Europa que pierde el paso de la competitividad económica con Estados Unidos y China, además con la guerra de Ucrania que drena recursos y nubla el horizonte de paz y prosperidad.
El humor de muchos europeos no está por tanto para ser solidarios con los inmigrantes, para responsabilizarse de los otros cuando ellos mismos tienen que reivindicar al menos que se les preserve su nivel de vida y su modus vivendi, propio de una sociedad cohesionada en torno a la homogeneidad sociocultural de la que se sienten herederos. Por no haber, no hay solidaridad entre los Estados miembros y encima en algunos de ellos despuntan nacionalismos irredentos que fisuran la convivencia siquiera por motivos lingüísticos. No son buenos tiempos para la solidaridad en Europa si en Ucrania hasta se matan a tiros primos hermanos.
Con la inmigración vendría a suceder como con el turismo, que llegado a un nivel genera problemas si no se toman medidas y la gente se moviliza porque se considera perjudicada por un fenómeno en sí positivo y desde luego rentable para el conjunto de la sociedad, aparte de quienes son beneficiados personalmente. ¿Qué hacer cuando el proyecto de identidad europea en vez de converger a una supranacional va derivando hacia otra distinta merced a los crecientes flujos migratorios multiculturales? Este es el reto identitario de Europa dado que el proyecto hoy inacabado con que se diseñó sobre la Biblia y Grecia (Emmanuel Lèvinas) hay que adaptarlo a una nueva quilla, aprovechando o no cuadernas y exhibiendo el mismo mascarón de proa que sirve de relumbrón guía para la solidaridad, la tolerancia y la igualdad.
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