De una parte, la Autoridad del Canal de Suez (SCA) ha rebajado ligeramente sus pretensiones. De 916 millones de dólares, pasó a 600. Y ahora su máxima autoridad da la cifra de 550 millones, eso sí, siempre que el armador del buque pague 200 millones ya. Entonces el buque podrá zarpar del Gran Lago amargo en donde se encuentra fondeado, y los 350 restantes se apañarán.
El armador, Shoei Kisen Khaisa, más bien los abogados del P&I, están reclamando por su parte al SCA 100.000 dólares por los perjuicios que hasta ahora ha ocasionado la retención del buque por decisión del tribunal de Ismailia. Este, a su vez, le ha pasado la pelota a la corte superior que verá el asunto el 29 de mayo próximo. Los abogados del armador, alegan también que ha habido descoordinación por parte de la SCA y aportan conversaciones entre los dos prácticos del canal que “ayudaban” en la navegación, en las que estos muestran desacuerdos acerca de la conveniencia o no de tomar servicio de dos remolcadores debido al tamaño y las circunstancias meteorológicas por las que atravesaba el buque a su paso por el canal. Todo un poema del que aún tardaremos un poco en conocer su composición final.
