El laudo, encargado a un magistrado emérito, un especialista jurídico, fue en su día recurrido por los trabajadores, liderados por el sindicato CGT (Confederación General del Trabajo), que adujeron dos motivos nada menos (de los tres posibles que contemplaba el acuerdo de recurrir a un arbitraje): que el árbitro no había respetado la legalidad vigente; y que se había excedido del marco estricto que le habían encomendado.
Si ya era absurdo que se abriera la posibilidad de recurrir el arbitraje, un sistema de resolución de conflictos que por su propia naturaleza pactada y encargada a medida no admite recurso discrecional de ningún tipo, las razones alegadas por el asesor jurídico de los trabajadores suponían en el fondo un fracaso del acuerdo de arbitraje y una bofetada a la persona elegida por empresas y trabajadores para arbitrar, un magistrado emérito con un curriculum impresionante en la Administrración de Justicia.
Pero, según comentarios de ambas partes, el abogado Loperena, de CGT, una vieja gloria del Derecho laboral, no repara en estos detalles y con su empecinamiento en recurrir hasta Estrasburgo si hace falta está consiguiendo que el conflicto se pudra en un impasse que no augura nada bueno para los trabajadores, para las empresas y para la actividad del puerto de Barcelona.
Las partes esperan que antes de final de mes el tribunal que entiende del recurso de CGT contra el laudo arbitral emita sentencia. De no satisfacer a los trabajadores, si alguien no lo remedia, continuará la espiral judicial y se agravarán los problemas reales. Y si la resolución judicial admite alguna de las razones del recurso, algo improbable, las partes tendrán que volver a la casilla de salida, retrocediendo en el tiempo más de un año.
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