Siguiendo la dirección que durante el pasado mes de diciembre tomó la autoridad portuaria de la capital catalana, el consistorio dio el visto bueno (con los votos de Convergència i Unió y el Partido Popular) a un nuevo puerto para privilegiados. Sí, privilegiados, he dicho, de esos que dejan tras de sí un reguero de millones de euros para la ciudad y cientos de nuevos puestos de trabajo. Por mucho que se sigan quejando algunos que no tienen nada mejor que hacer que manifestarse para defender lo indefendible (con plenos matices políticos), la obra se hará. Guste o no.
El fondo Salamanca Capital, empresa concesionaria de la instalación cumplirá a rajatabla las últimas peticiones de los grupos políticos para poder acoger, en un plazo de tiempo breve, buques de recreo de hasta 120 metros de eslora.
Fuentes municipales señalaron que el impacto económico directo de la nueva marina alcanzará los 104 millones de euros, 546 millones de forma indirecta; así como emplear a entre 300 y 400 personas. Sin duda, más dinero y más trabajo que el que tienen las actuales instalaciones… aunque algunos se sigan manifestando bajo el tétrico lema de «Defensem el Port Vell».
Se quejaban por el posible impacto visual, por el restaurante de lujo, de la entrada en el muelle de Pescadores o un muelle de España -al que nunca han podido entrar igualmente si no disponían de pase-, etcétera. Deben ser los mismos, que no se quejan de los carteristas que hay en la Barceloneta, que, por envidia, sí lo hacen del jeque qatarí de turno o del oligarca ruso que atracarán con su lujoso barco. Ahora bien, a lo que realmente tienen temor es a que se revalorice un barrio que ya les está bien como está ahora. Ese alquiler más alto o esa tienda que cambia de manos.
