El presidente de la Asociación Catalana de Actividades Marítimas (ACAM), Josep Ros, se muestra compungido, esa mezcla de tristeza e indignación que sentimos cuando amenazan nuestro trabajo. La ACAM agrupa a unas 70 empresas de Cataluña dedicadas a las excursiones marítimas, el buceo, el chárter náutico y otras actividades profesionales relacionadas con la mar. Un mundo empresarial de pequeñas y medianas unidades, levantadas con enorme esfuerzo y mucho ingenio, en pugna permanente con unas Administraciones habitualmente sordas, ciegas y mudas ante sus dificultades.
Hubo un tiempo en que los problemas más acuciantes procedían de las Capitanías Marítimas, cerradas ante la imposibilidad de enrolar maquinistas y mecánicos debidamente titulados. Tras la intervención del director general de Marina Mercante el problema quedó resuelto. Ahora, sufren la amenaza de una norma que permite a cualquier persona alquilar una embarcación, aún sin la menor idea de navegación (ni por supuesto de las reglas para prevenir abordajes, o del significado de la bandera que indica que hay un buzo sumergido, manténgase alejado). Aunque el desorden es singularmente grave en la isla de Mallorca, donde las empresas legales de actividades marítimas han tenido que socorrer a diversas embarcaciones tripuladas por indocumentados, el problema está presente también en Menorca, Ibiza y en Cataluña.
La inmensa mayoría de las empresas agrupadas en la ACAM desarrollan su actividad con una fuerte estacionalidad. A veces, su actividad se reduce a poco más de dos meses (julio y agosto). Por supuesto, han intentado captar la atención de las Administraciones para prolongar ese tiempo cuanto sea posible, pero en general sin resultados. Por lo demás, contemplan con estupor la parálisis normativa y ejecutiva de las Administraciones, ese “venga usted mañana” que ya dura casi dos años, en la Administración central, y ni se sabe cuanto tiempo en la Administración autonómica. Un panorama con muchas sombras.