Las operaciones Sparrow y Sparrow 2, iniciadas durante la etapa del ahora embajador al frente de la Secretaría General de Pesca, fueron unas iniciativas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente contra la pesca ilegal, sin precedentes a nivel internacional. Entre otras medidas, se diseñó y ejecutó un operativo de inspección a empresas pesqueras de varias provincias, por su presunta vinculación con buques incluidos en la lista de pesca ilegal de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (CCRVMA).
Las operaciones pudieron ponerse en marcha al amparo de la reforma de la ley de Pesca Marítima de 2014, y concluyeron en marzo de 2016, con la imposición de casi 18 millones de euros en multas, incluyendo sanciones a tripulantes españoles enrolados en buques incluidos en la citada lista negra. La normativa contempla que las infracciones muy graves pueden sancionarse con multas de hasta 600.000 euros, así como con inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.
La reforma de la ley de Pesca Marítima tipifica como infracción muy grave “la participación en la explotación, gestión y propiedad de buques apátridas, o buques de países terceros identificados por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera u otras Organizaciones Internacionales, por haber incurrido en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada o contrarias a las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros…”.
Ya en su momento, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente valoró muy positivamente las herramientas jurídicas que introducía la reforma de la ley de Pesca Marítima, insistiendo en su llamamiento a otros estados-miembro de la Unión Europea, para que adoptaran instrumentos similares y no permitieran la continuidad de áreas de impunidad en la persecución de la pesca ilegal, una actividad que pone en grave riesgo la sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales.