La reserva de un servicio portuario obligatorio a determinados organismos públicos no constituye automáticamente una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior. Su calificación jurídica depende de la naturaleza de la actividad y de las condiciones en las que se concede el derecho exclusivo, sin que la titularidad pública del operador o la finalidad de interés general sean suficientes, por sí solas, para resolver la cuestión. Así lo ha determinado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un litigio relacionado con la organización de los servicios de practicaje marítimo en los puertos rumanos.
La resolución aborda una cuestión de alcance general para el sistema portuario europeo: hasta qué punto pueden los Estados miembros sustraer un servicio a la competencia y reservarlo a determinados organismos públicos por razones de seguridad de la navegación y en qué circunstancias esa decisión organizativa puede traducirse en una ventaja económica selectiva relevante a efectos de la normativa sobre ayudas de Estado.
El marco jurídico de referencia es el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe las ayudas concedidas por los Estados o mediante fondos estatales cuando favorecen a determinadas empresas, falsean la competencia y afectan a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. También resulta relevante el Reglamento (UE) 2017/352, que regula la prestación de servicios portuarios y la transparencia financiera de los puertos.
Actividad pública o económica
El primer aspecto que debe analizarse es la distinción entre el ejercicio de potestades públicas y el desarrollo de una actividad económica. En el derecho europeo de la competencia, el concepto de empresa se define en función de la actividad realizada: comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su forma jurídica, su titularidad pública o privada y su sistema de financiación.
Por tanto, una autoridad portuaria no queda automáticamente excluida de las normas de competencia por el mero hecho de ser un organismo público. La calificación debe realizarse atendiendo a la actividad concreta que desarrolla. Del mismo modo, que un servicio sea remunerado por sus usuarios, esté sujeto a tarifas reguladas y responda a necesidades colectivas no basta, por sí solo, para determinar su naturaleza económica ni para descartarla.
La cuestión decisiva es establecer si la prestación está vinculada al ejercicio de prerrogativas propias de la autoridad pública o si consiste en ofrecer un servicio en un mercado. La seguridad de la navegación puede tener un peso determinante, pero no permite equiparar automáticamente todas las actividades desarrolladas en el ámbito portuario con funciones soberanas del Estado.
Exclusividad de un operador público
La segunda cuestión se refiere a la posibilidad de atribuir un derecho exclusivo a un operador público. La existencia de un monopolio legal no implica, por sí misma, que exista una ayuda de Estado. Es necesario comprobar si concurren las condiciones previstas en el artículo 107 del TFUE y, en particular, si la medida proporciona una ventaja selectiva susceptible de falsear la competencia.
Sin embargo, el análisis no puede limitarse a constatar que el legislador nacional ha establecido una exclusividad. Su legalidad también debe evaluarse a la luz de otras disposiciones del derecho de la Unión Europea, entre ellas la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. Un monopolio puede eliminar la competencia en el mercado’, al impedir que otros operadores ofrezcan el servicio, y también la competencia por el mercado’, cuando suprime la posibilidad de que distintas empresas compitan para obtener la adjudicación de la prestación. Se trata de dos dimensiones diferentes que deben examinarse en función de las circunstancias concretas.
Por ello, una exclusividad no puede considerarse legítima únicamente porque esté recogida en una norma nacional o persiga un objetivo de interés público. Las necesidades que la justifican deben ser reales y la medida debe resultar coherente con el objetivo declarado, necesaria y proporcionada. La seguridad de la navegación constituye un interés público de especial relevancia y puede justificar restricciones a las libertades económicas reconocidas por el derecho europeo. No obstante, invocar razones de seguridad no convierte automáticamente en admisible cualquier limitación de la competencia.
Mecanismos de supervisión
Es necesario demostrar que la solución elegida permite alcanzar el objetivo perseguido y que no va más allá de lo imprescindible. En este examen de proporcionalidad adquieren importancia la existencia de alternativas menos restrictivas, la organización del servicio, las garantías de continuidad y los mecanismos de supervisión. Esta distinción también afecta a las autoridades portuarias europeas, que deben conciliar sus responsabilidades en materia de seguridad con una organización económicamente eficiente de los servicios. Que una actividad responda a una misión pública no significa necesariamente que todas las prestaciones relacionadas con ella deban quedar al margen del mercado. Al mismo tiempo, las normas de competencia no impiden a los Estados organizar servicios esenciales mediante derechos exclusivos, siempre que se cumplan los requisitos jurídicos correspondientes.
La sentencia se enmarca así en el debate sobre el equilibrio entre la autonomía de los Estados miembros para organizar los servicios de interés general y la aplicación uniforme de las normas europeas de competencia. La conclusión no es que los monopolios públicos estén prohibidos de forma general ni que sean automáticamente legítimos, sino que deben evaluarse atendiendo a la naturaleza de la actividad, la justificación del derecho exclusivo y sus efectos sobre la competencia, distinguiendo entre el ejercicio de potestades públicas y la prestación de servicios económicos.

