La decisión de Bruselas llegaba suscitada por la preocupación del sector de construcción naval español tras las declaraciones del pasado mayo del propio Almunia en las que explicaba que «toda ayuda ilegalmente concedida con anterioridad debe, en principio, ser reembolsada por los beneficiarios. Sin embargo, la Comisión debe abstenerse de exigir que se pida el reembolso de las ayudas concedidas con anterioridad cuando ello suponga infringir un principio fundamental del Derecho europeo como es la protección de la confianza legítima y la seguridad jurídica» (ver noticia relacionada).
La decisión, que será refrendada por el ejecutivo comunitario el próximo 17 de julio, viene dada porque «nadie puede exigirles a los astilleros que se subroguen a la devolución de esas ayudas», en palabras del comisario.
En cualquier caso, hay dos receptores de ayudas que sí deberán devolver los fondos recibidos por parte del Gobierno español: se trata de los inversores que recibieron los beneficios fiscales para la construcción, y los armadores, ya que “las ayudas recibidas por ese conjunto de agentes son incompatibles con la regulación” y, según Almunia, han llegado comentarios y quejas formales a Bruselas, por parte de otros países que no ven dentro del marco jurídico europeo cómo desde España han podido ofrecer esta tax lease a las empresas.
En este sentido, el vicepresidente de la CE señaló que se tendrán que devolver las ayudas recibidas entre los años 2005 y 2011, que fue el momento en el que la Unión Europea estableció su ilegalidad y se dejaron de recibir en varios países, a excepción -entre otros- de España. No obstante, deberán ser las autoridades españolas las que precisen cómo se han de devolver las ayudas.
La noticia, sin embargo, no ha cogido por sorpresa a la patronal de los armadores españoles Anave que, de alguna manera, esperaban la decisión que se comunicará el próximo día 17 de julio. La deficiente situación económica de la asociación y los problemas de muchas de sus empresas asociadas, sumado a las devoluciones a las que -presumiblemente- deberán hacer frente a costa de la ilegalidad cometida en la recepción de las ayudas podría llevar a una situación límite y a la desaparición de empresas y numerosos puestos de trabajo.
Cabe recordar, como informó NAUCHERglobal, que el sistema que permite Bruselas y al que el comisario de Competencia dio el visto bueno en noviembre del pasado año, permitirá deducir fiscalmente el coste de determinados activos adquiridos para la construcción de un buque mediante el sistema de arrendamiento financiero y desde el inicio de su construcción, es decir, sin esperar a que los barcos sean explotados comercialmente, como pasaba hasta ahora».
En total, España debería devolver los cerca de 3.000 millones de euros que suman las deducciones fiscales aplicadas en la contratación de unos 270 barcos entre los años 2005 y 2011.
En todo este embrollo se da la circunstancia de que el ejecutivo español tendrá dificultades en reclamar el dinero a muchas de las empresas armadoras (en su mayor parte extranjeras) ya que en algún caso se trata de contratos firmados hace años, cuando las ayudas aún estaban vigentes. Además, los astilleros temen que sean ellos los que finalmente deban hacer frente a las devoluciones porque en muchos de los contratos firmados para construir los buques, existen cláusulas que señalan que, en caso de variar las condiciones del tax lease, serán los astilleros los responsables.
En este sentido, Álvaro Platero, presidente de la patronal de los astilleros privados también presente en el acto le espetó al vicepresidente de la CE que «usted sabe que represento a los 19 astilleros privados de España (87.000 empleados) y lo que usted está proponiendo supone el cierre inmediato de los 19 astilleros, gallegos, asturianos, vascos …y el final de la construcción naval en España. No le quepa la menor duda». Un punto al que Almunia quiso quitar hierro al esgrimir que el derecho europeo está por encima de cualquier contrato civil que pudiera existir y que responsabilice a los constructores de los buques.
También presente en el acto, Alberto Iglesias, director del astillero gallego Metalships también fue crítico con Almunia cuando le recriminó la discriminación de Bruselas con España: «usted sabe perfectamente que a Francia no se le ha hecho devolver las ayudas y si a Alemania se le abriese un expediente similar, tampoco se le obligaría, y eso lo sabemos todos aquí», le dijo.
Desde los dos principales partidos políticos españoles ya se han afanado en rechazar la decisión del comisario. Para la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, «no nos parece que en estos momentos tan duros para la UE, y especialmente para los países del Sur, se pueda adoptar una decisión que puede poner en juego un sector vital para la industria de España con la afectación o posible pérdida de un número tan importante de puestos de trabajo».
Su homólogo en el PP, Alfonso Alonso declaró que «me parece que es un ataque contra España, y le quiero decir a Almunia, porque él es español, que no le pedimos nada distinto, sino que nos trate igual que a los franceses». Para el portavoz popular «los astilleros son avalistas de esas ayudas. Por tanto, -Almunia- anuncia que está a punto de adoptar una decisión profundamente discriminatoria contra España y sus intereses, que es algo realmente inaceptable».
Las palabras del comisario europeo ya han provocado los primeros incidentes y manifestaciones en diversos puntos de España, principalmente en Galicia, Asturias y País Vasco, con peticiones de dimisión para el propio Joaquín Almunia, así como para el ministro de Industria José Manuel Soria. El sector naval cree que la pasividad del Gobierno español ante la medida no es compatible con las quejas de su portavoz en el Congreso. En este sentido desde los sindicatos ya han advertido de que se preparan movilizaciones.
Para UGT, el Gobierno tiene que ponerse al frente del sector naval y defenderlo ante la Unión Europea (ver vídeo). Por su parte, en la misma línea la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha exigido al presidente del Gobierno español convocar al sector para hacer un frente común contra la Comisión Europea (ver el vídeo) y anunció movilizaciones contundentes. Ayer en Vigo ya se manifestaron cerca de 5.000 trabajadores, al igual que pasó en Oviedo o en Sestao, entre otras localidades.
