La reunión, prevista desde hace semanas a petición del IDC, fue «amable y provechosa», según han explicado a NAUCHERglobal fuentes bien informadas. Violeta Bulc quiso conocer de primera mano qué piensan los trabajadores españoles sobre el incumplimiento (momentáneo) de la sentencia y se mostró abiertamente dispuesta a dialogar con todas las partes implicadas, siempre que el Gobierno de España facilite a Bruselas una modificación legislativa para cumplir con la sentencia del alto tribunal comunitario.
Goya señaló que «como ciudadanos europeos y responsables tenemos que acatar las disposiciones del tribunal europeo, pero también sabemos que sólo estamos obligados a hacerlo en los términos estrictos y nada dice la sentencia sobre la relación laboral de los estibadores con las Sagep, ni de las lógicas obligaciones laborales de las empresas con su personal, como trabajadores por cuenta ajena con relación laboral especial que los vincula con el conjunto de las empresas que operan en cada puerto”. Y no le falta parte de razón. De aquí nacen las dificultades entre Administración y los trabajadores, sobre todo después de que en febrero del año pasado desde Puertos del Estado se enviara a Bruselas una propuesta de cambio legislativo sin contar con el consenso de trabajadores y empresas y que, como recordarán, destapó en exclusiva NAUCHERglobal… antes de que el Gobierno español lo paralizara avergonzado.
En este sentido, los representantes sindicales recordaron a Bulc los datos que muestran que el sistema español, con el modelo existente, es de los más competitivos de Europa, cifras en mano, con puertos como el de Algeciras o el de Barcelona como abanderados en términos de productividad.
Como Bulc, el máximo responsable de Coordinadora le manifestó a la comisaria la intención y disposición de los estibadores españoles de adaptar el modelo portuario a los requerimientos del Tribunal de Luxemburgo también “desde el diálogo y el consenso con el resto de agentes del sector”, pero le advirtió que se hará siempre dentro del respeto a la profesión y sus particularidades, como es la existencia de un registro de trabajadores, recogidas en el convenio 137 de la OIT, ratificado por España.
La pelota vuelve al tejado del ministerio de Fomento –a ver cómo reacciona su nuevo titular- y del presidente de Puertos del Estado que, esta vez sí, deberá saber negociar con todas las partes implicadas de no desear un paro total en los puertos españoles… que se podría trasladar al resto de países europeos de la mano de los trabajadores afiliados al IDC, en apoyo de sus compañeros españoles.