El Consejo Europeo y el Europarlamento han alcanzado este martes un acuerdo político provisional sobre la directiva para establecer normas comunes para los mercados interiores de los gases renovables y naturales y del hidrógeno. La directiva busca facilitar la penetración de gases renovables y bajos en carbono en el sistema energético, permitiendo un cambio desde el gas natural, con miras a alcanzar el objetivo de la UE de neutralidad climática en 2050.
Este acuerdo “es un gran logro” ya que impulsará el despliegue del emergente sector del hidrógeno, la transición del sector del gas hacia las energías renovables y también establece reglas para la protección del consumidor y fortalece la seguridad del suministro. Sin duda, “este es un gran paso hacia el objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad climática en 2050, del que todos deberíamos estar orgullosos”.
La directiva, propuesta por Teresa Ribera Rodríguez, vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, forma parte del paquete de descarbonización de los mercados del hidrógeno y el gas, y también incluye un reglamento. Tanto la directiva como el reglamento forman parte del paquete Fit for 55 y su objetivo es crear un marco regulatorio para infraestructuras y mercados dedicados al hidrógeno y una planificación integrada de redes. También establecen normas para la protección de los consumidores y refuerzan la seguridad del suministro.
La canalización entre Barcelona y Marsella (H2Med), prioritaria para la UE
El Consejo y el Parlamento acordaron la división entre operadores de redes de transporte (TSO) y operadores de redes de distribución (DSO) para el hidrógeno. En este punto, la afectación en España es que desde el Consejo Europeo se ha declarado como prioritario el corredor de Hidrógeno H2Med (que partirá desde Barcelona hasta Marsella) y la red española de hidrógeno en la lista de proyectos de interés común. En este sentido, junto a esta infraestructura (cuyo coste se estima en unos 2.500 millones de euros de los cuales Bruselas podría financiar hasta el 50%), el Ejecutivo comunitario incluye otros 165 proyectos transfronterizos en su propuesta. En total, el Gibierno europeo pretende lanzar un fondo con un presupuesto cercano a los 42.000 millones de euros.
En cuanto a la protección de los grupos vulnerables, “los Estados miembros deben garantizar que el derecho a cambiar de proveedor o participante en el mercado se conceda a los clientes de forma no discriminatoria en términos de coste, esfuerzo y tiempo”. El acuerdo provisional establece disposiciones sobre cómo podrían producirse las desconexiones, con el fin de proteger a los clientes del futuro desmantelamiento de la red de gas o su reconversión al hidrógeno.
Por último, el acuerdo provisional prevé una mayor coordinación entre los planes de desarrollo de redes de hidrógeno, electricidad y gas natural. Los planes de desarrollo de la red se basarán en la integración sectorial, el principio de «primero la eficiencia energética» y la priorización del uso del hidrógeno en sectores difíciles de descarbonizar.
