El sector pesquero ha solicitado al Gobierno aclarar si los armadores del caladero nacional pueden acogerse a la aplicación de un ERTE por causas de fuerza mayor, dadas las características de los buques que operan en este caladero y que, en numerosas ocasiones, no pueden asegurar el cumplimiento de las normas de prevención y de distancias mínimas contempladas en el RD 463/2020 del pasado 14 de marzo. El sector pide aclaración tras especificarse en este mismo decreto que los buques de pesca no están obligados a paralizar su actividad al formar parte de la cadena de abastecimiento alimentario nacional.
El sector pesquero, representado por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y la Confederación Española de Pesca (Cepesca), han solicitado esta aclaración en una carta remitida a los ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Trabajo y Economía Social y de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como al Instituto Social de la Marina (ISM).
En su comunicado conjunto, ambas organizaciones aseguran al Gobierno que la prioridad de la flota es seguir desarrollando su actividad para mantener el suministro de pescado y marisco a la ciudadanía. Sin embargo, también explica que las características propias de los buques de pesca del caladero nacional (espacio reducido, exigencia de contacto físico), así como la no disponibilidad de mascarillas o de equipos de protección individual, está poniendo a muchos armadores en situaciones de “no poder garantizar una protección adecuada de los trabajadores”.
Posibilidad de un ERTE
Igualmente, el comunicado aduce que la solicitud de acogerse a la posibilidad de ERTE también podría estar fundamentada en el artículo 21 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, y concretamente, en el artículo 14.1 de la misma, que “incluso llega a permitir al trabajador abandonar el lugar de trabajo si considera que su actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud”.
Ambas organizaciones también informan al Gobierno de que, actualmente, y dada la situación, tampoco pueden todos cumplir el RD 664/1997 de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Según el comunicado de la FNCP y Cepesca, esta situación está provocando que muchos barcos del caladero nacional se estén viendo obligados a parar y que muchos de los trabajadores se estén negando a ir a bordo de los buques de pesca.
Consenso para interpretar la ley
Teniendo en cuenta todo lo anterior, ambas organizaciones pesqueras han solicitado al Gobierno su consenso respecto a la interpretación que hace el sector: que un armador que se encuentre en esta situación pueda acogerse a un ERTE por causas de fuerza mayor, quedando exonerado durante su vigencia del pago de las cuotas a la Seguridad Social. Ambas entidades han solicitado que, si hay unanimidad de criterio respecto a esta interpretación, el Gobierno dé instrucciones en este sentido a la Dirección General de Trabajo, al ISM o la autoridad competente en la materia.
Por otro lado, Cepesca ha decidido crear un comité de crisis para hacer un seguimiento de la situación de la actividad pesquera de la flota española, fundamental para asegurar el abastecimiento de productos pesqueros a la población. La patronal del sector ha decidido la creación de este comité tras el anuncio por parte de miembros del Gobierno de que el actual estado de alarma, creado a raíz de la crisis del COVID-19, se prolongará hasta el 11 de abril como mínimo.
El objetivo de la creación de este comité por parte de Cepesca es el de trabajar para poder garantizar el normal funcionamiento de la actividad del sector y asegurar así que no exista en ningún momento riesgo de desabastecimiento de productos pesqueros en los hogares españoles, dada la importancia de este alimento en cualquier dieta saludable. “Creemos que esto es de especial relevancia en estos momentos –apunta Javier Garat, secretario general de Cepesca–, si tenemos en cuenta que la población infantil está en casa y con una actividad física limitada”.
Igualmente, el Comité prestará toda su colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), como ya hace habitualmente y, de manera especial desde el inicio de esta crisis.
Así, el comité velará por la seguridad de los trabajadores del sector pesquero que han manifestado su voluntad de seguir faenando, para lo que prestará una especial atención a la difusión y concienciación entre sus asociados de todas aquellas normativas y protocolos de actuación, tanto actuales como futuros, para hacer frente al COVID-19 en el ejercicio de la actividad, así como su cumplimiento y aplicación.
