El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), insta a los negociadores comunitarios y marroquíes a trabajar y tratar de definir lo antes posible las condiciones técnicas que guiarían la renovación del protocolo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Este órgano deberá decidir sobre el recurso presentado por la Comisión Europea (CE) y el Consejo contra la sentencia de 2021 del Tribunal General de la UE que anula el acuerdo.
El sector pesquero europeo lamenta el final de este acuerdo, que expirará el próximo 17 de julio, dado su peso específico y significado en la historia de las relaciones entre la UE y España con Marruecos. Cabe recordar que las relaciones pesqueras entre España y Marruecos se remontan a los años 50 del siglo pasado y que las competencias fueron asumidas por la UE con la entrada de España en la misma en 1986. Desde entonces, se han ido renovando los acuerdos entre ambas partes, salvo en un par de momentos puntuales en los que no estuvieron en vigor.
Igualmente, y tal como apunta Javier Garat, secretario general de Cepesca, “al margen de un simbolismo innegable, para el sector la finalización del acuerdo de pesca con Marruecos también se traduce en una nueva restricción a la actividad pesquera de nuestra flota, sometida en los últimos meses a numerosos cierres de caladeros”. De hecho, el sector recuerda que el ‘Plan de Acción de la UE: proteger y restaurar los ecosistemas marinos en pro de una pesca sostenible y resiliente’ pretende incrementar las Áreas Marinas Protegidas (AMP) del 12 al 30% de aquí al 2030, con las consiguientes consecuencias para la flota europea. Asimismo, el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la CE, que cerró 87 zonas a la pesca de fondo en el Atlántico Nordeste, desde las costas de Irlanda hasta el Golfo de Cádiz, también está teniendo consecuencias negativas en la flota española.
Ejecución de los planes de ayuda
El sector apunta que, si bien el final del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos no va a afectar a un gran número barcos, ya que en el vigente protocolo sólo se han usado en torno a una veintena de licencias de las 93 posibles, sí va a significar un gran problema para las empresas y los marineros de las flotas andaluza, gallega y canaria que han faenado en esas aguas, por lo que solicita al Gobierno la redefinición y ejecución inmediata del plan de ayudas anunciado.
En este sentido, el sector cree que hay lagunas en la definición de las condiciones de acceso a esas ayudas, que se financiarán utilizando el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), tal como expresó al Gobierno en una reunión mantenida el pasado día 11 con la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Así, el sector solicitó concretar de manera específica qué periodo de tiempo tienen que haber estado faenando los barcos en aguas marroquíes para acceder a las ayudas, que ahora mismo el Ejecutivo define como un período “razonable” y que no haya necesidad de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para acceder a ellas. Además, los pescadores apuntan que no podrán beneficiarse aquellos barcos que ya hayan agotado los seis meses de ayudas por paralización temporal conforme al FEMP, situación en la que se encontraría, apunta el sector, prácticamente toda la flota andaluza. Por ello, desde Cepesca se insta al Gobierno a que articule otro tipo de ayudas que puedan beneficiar también a los pescadores andaluces.
Preferencias arancelarias
Por otro lado, el sector pesquero europeo, representado por Europêche, organización de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca), solicita a la Comisión Europea (CE) que sólo conceda exenciones de derechos arancelarios a productos pesqueros importados que cumplan los mismos criterios de sostenibilidad exigidos a los capturados por la flota comunitaria. El sector alerta de nuevo de la incoherencia política, contraria a los intereses de la flota comunitaria, que supondría que la CE ignorase el principio de sostenibilidad en su próxima propuesta de reglamento para establecer contingentes arancelarios autónomos (ATQ, por sus siglas en inglés) para determinados productos pesqueros para los años 2024 y 2025.
Europêche recuerda que no se opone a una exención arancelaria racional para determinados productos pesqueros que no se producen en cantidad suficiente en la Unión Europea. No obstante, denuncia que la única motivación que subyace, en muchos casos, al uso del sistema ATQ es bajar los precios, recompensando prácticas insostenibles y dando lugar a una competencia desleal, al no tener en cuenta el origen de estos productos, su método de producción, la sostenibilidad de las poblaciones o el cumplimiento de las normas laborales.
El reglamento sobre los contingentes arancelarios autónomos se refiere a especies como el atún, la merluza, el abadejo, el bacalao o los peces planos. En este sentido, el sector alerta sobre el incremento en un 1.928% del volumen de toneladas importadas con arancel reducido entre 1992 y 2020 (seis especies que representaban 43.000 toneladas frente a más de 15 especies, aproximadamente 830.000 toneladas, respectivamente).
Según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, “no podemos aceptar que la UE defienda productos de origen y condiciones de pesca dudosos mientras nuestro sector lucha por adaptarse rápidamente a unas normas de sostenibilidad cada vez más estrictas». Según Europêche, numerosas políticas pesqueras y medioambientales recientes de la CE se basan en la necesidad urgente de atajar el cambio climático y el declive de la biodiversidad. Sin embargo, apunta el sector, esa urgencia no es aplicada al sistema ATQ. Según Garat, “es chocante que mientras la flota de la UE se está diezmando debido a factores geopolíticos y a las políticas de la UE, los volúmenes de ATQ no paran de crecer. Nos preguntamos si la idea es sustituir la producción de la UE por importaciones de países alejados de las normas de sostenibilidad de la UE. ¿Es esta la definición de seguridad alimentaria que persiguen las instituciones comunitarias?”.
