El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha destacado este jueves que la nueva Ley de Puertos y Transportes en Aguas Marítimas y Continentales que ayer aprobaba el Parlament de Catalunya “es una oportunidad para el sector náutico continúe siendo uno de los motores económicos del país”.
Calvet, que intervino en la parte final del debate y votación de la Proposición de Ley (aprobada por 129 votos a favor, 4 en contra y sin abstenciones), expuso que el nuevo texto “moderniza el marco jurídico que regula la actividad náutica, simplificando trámites administrativos y mejorando su eficiencia, e incorpora todos los conceptos de la lucha contra el cambio climático, lo que supone una oportunidad para el país ante la emergencia climática”.
Para el conseller, es una Ley “madura y muy trabajada y que tiene mucho en cuenta el crecimiento sostenible, porque introduce una moratoria de siete años para construir nuevos puertos y esto, lejos de ser un freno, nos prepara mejor para afrontar las oportunidades del futuro”. Calvet también se ha referido a que el nuevo articulado “incorpora los puertos como parte del Corredor Mediterráneo” y mantienen al sistema portuario como un “modelo sostenible económicamente”.
La nueva Ley dota el sistema portuario catalán, integrado por 45 puertos de titularidad autonómica (todos a excepción de Barcelona y Tarragona), “de un nuevo sistema de gobernanza donde el departamento de Territorio y Sostenibilidad planifica y regula todos los puertos y la empresa pública Ports de la Generalitat ejecuta y gestiona” directamente o intermediando de las concesiones.
De estos 45 puertos, en la práctica totalidad (44) se desarrolla actividad náutico-deportiva; en 18 también hay actividad pesquera; cinco tienen actividad comercial y tres reciben cruceros. Hasta ahora, la principal norma reguladora de los puertos catalanes era la Ley 5/1998, de 17 de abril, de ports de Catalunya. Los cambios que se han producido en los últimos años y las tendencias de futuro aconsejaban reformar el régimen jurídico de los puertos catalanes, con el fin de optimizar este sector clave para el país.
Crecimiento sostenible y lucha contra el cambio climático
La nueva Ley establece un régimen jurídico y económico del sistema portuario catalán con el fin de implantar un marco adecuado para atender a la vez las necesidades y las oportunidades que presenta este sector de las infraestructuras y de los servicios en Catalunya, tanto desde la vertiente pública como desde la privada. En este sentido, apuesta por un crecimiento sostenible de los puertos, es decir, prevé un nuevo plan de puertos con el horizonte fijado en el año 2030, donde se apueste por aprovechar o, si fuera necesario, ampliar las infraestructuras actuales.
Incorpora también la lucha contra el cambio climático y sus efectos sobre las infraestructuras portuarias. En este sentido, la Ley regula aspectos como los dragados; los trasvases de arenas; los vertidos; el tratamiento de los residuos o la prevención de la contaminación atmosférica y acústica.
Simplificación administrativa y fomento de la actividad económica
La nueva Ley, fruto del mayor de los consensos en el Parlament catalán, fija asimismo una nueva organización administrativa portuaria, de forma que el departamento de Territorio y Sostenibilidad será el responsable de la planificación y la regulación, y la empresa pública Ports de la Generalitat gestionará (directamente o indirectamente mediante empresas concesionarias) todos los puertos.
La nueva normativa promueve también el crecimiento de operadores y usuarios que desarrollen actividades generadoras de valor mediante unos servicios portuarios eficientes. Así, regula la organización administrativa y de gestión al servicio de los operadores del sector, con especial atención a la transparencia y la simplificación administrativa en la relación entre estos operadores y la Administración portuaria.
Otro de los pilares de la nueva normativa es el fomento de la actividad económica de forma que está diseñada para simplificar y promover la inversión portuaria privada manteniendo la titularidad pública de las instalaciones con base a concesiones. En este sentido, en los últimos cuatro años la acción del Govern ha conseguido inversiones privadas en los puertos por valor superior a los 80 millones. La Ley simplifica el método concesional para agilizar esta colaboración público-privada y simplificar la gestión.
Estimulación de la calidad y competitividad
El nuevo texto legal promueve las actividades náuticas, de recreo, deportivas y culturales asociadas y, como novedad, prevé que los puertos deportivos se identifiquen por categorías, de acuerdo con la calidad de sus instalaciones y de los servicios que ofrecen. El sistema, que se desarrollará con un reglamento específico, es análogo al de las “estrellas” para los establecimientos hoteleros, con el fin de incentivar las actuaciones que permitan ganar en calidad y servir de guía de referencia a los usuarios de las instalaciones.
En toda Catalunya, hay cerca de 33.000 amarres, el 66% de los cuales son para embarcaciones de menos de 8 metros de eslora. Además de dar respuesta a los requerimientos de las embarcaciones de recreo de esloras más grandes (superyates y megayates), la nueva normativa también quiere velar porque el sistema portuario ofrezca un número razonable de amarres destinados a la náutica popular (embarcaciones que no superan los 7 metros de eslora) y quiere potenciar la navegación deportiva a vela, con la colaboración de las entidades representativas del sector.
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