Camino hacia una (nueva) reforma de los Centros Portuarios de Empleo para cerrar el V Acuerdo Marco

El grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados presentó ayer en la comisión de Transporte una proposición no de ley para dar seguridad jurídica a los centros portuarios de empleo (CPE) y, tal y como avanzó NAUCHERglobal esta misma semana, se pretende que las antiguas Sagep, las antiguas Sociedades de Estiba… pasen a ser, con la firma del V Acuerdo Marco, sociedades de tipo mutualista.

Esta sería la idea que han ido desarrollando en los últimos meses los negociadores de la patronal Anesco y los trabajadores, fundamentalmente los de Coordinadora… aunque se pone en duda que las asociadas a Asoport estén de acuerdo, por lo que cabría esperar una desbandada de las empresas de Asoport que forman parte de los CPE en la actualidad.

Según el ponente César Ramos, portavoz del PSOE en la comisión de transportes, movilidad y agenda urbana, en su exposición de los hechos ante la comisión, “En estos momentos se han constituido 31 Centros Portuarios de Empleo en España, siendo la fórmula más utilizada por las empresas para dotarse del personal de la estiba” y, en este sentido, “se pone de relieve que las empresas del sector consideran el CPE una fórmula eficiente para la gestión del trabajo portuario y prueba de ello sería el interés que los protagonistas de las relaciones laborales del sector están mostrando en su desarrollo y en su regulación a través de la negociación convencional”; es decir, el V Acuerdo Marco que permita la negociación puerto a puerto desde una base sólida.

Según el diputado socialista “a la hora de proceder a este desarrollo y regulación convencional [de los CPE], se plantean problemas, en gran medida relacionados con los aspectos jurídico-societarios (…) que tienen repercusiones en el terreno laboral y que pueden tener impacto desde la perspectiva del Derecho de la competencia”.

Como ejemplo, Ramos ha puesto “el derecho de ocupación efectiva, la formación profesional, las garantías en caso de transmisión de unidades productivas, o las medidas sociales en los supuestos de ajustes en el empleo”, respecto de este supuesto, “se trata, de hecho, de especialidades relacionadas, en gran medida, con la discontinuidad de la actividad laboral y la intensidad cuando se produce la demanda de trabajo, de las que trae precisamente su causa la figura del CPE”.

Cabe recordar que, según la legislación actual, los CPE se configuran legalmente como entidades empresariales cuyo objeto societario es la satisfacción de la necesidad común a todos los socios de disponer de estibadores en número y cualificación precisas para atender una demanda que es irregular en el tiempo e intensiva en mano de obra cuando se produce. En este sentido, “las empresas estibadoras, individualmente consideradas, se proveen de los servicios laborales de una empresa en la que participan, formando parte de su propiedad conjunta, y tomando parte en las decisiones sobre la forma de prestar estos servicios”.

En este sentido, “la naturaleza de la actividad del CPE se configura como de tipo mutualista”, al constituirse estos para atender mancomunadamente necesidades comunes de sus miembros. Para Ramos “la naturaleza mutualista produce efectos jurídicos en la esfera de las relaciones societarias en el seno del CPE, en la dimensión más estrictamente mercantil, pero también en el ámbito del cumplimiento de la regulación laboral, en la medida en que la actividad de los socios –en su calidad de demandantes de la actividad del CPE- debe contribuir al cumplimiento de las obligaciones generales de una empresa de base laboral como es el CPE”.

Así, el planteamiento del grupo parlamentario socialista –posiblemente de acuerdo con Anesco y Coordinadora- es que “para la seguridad jurídica del sector, sería necesario plantear una clarificación del desarrollo del marco jurídico-societario de los CPE para contribuir a dar plena efectividad del proceso de reforma de la actividad portuaria, demandado desde las instancias europeas y, en todo caso, necesario por razones de eficiencia económica”.

La Proposición no de Ley presentada dice lo siguiente: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a utilizar los instrumentos jurídicos necesarios para clarificar y completar el régimen jurídico de los Centros Portuarios de Empleo, de forma que, sin alterar la configuración general del régimen actual, se reconozca su carácter mutualista y se establezcan las especialidades necesarias para su adaptación a la realidad específica del sector”.

Agradecimiento a estibadores y empresas

En su intervención, Ramos también ha elogiado la labor de los estibadores portuarios durante la pandemia y de las empresas por el bien que han generado para la competitividad de los puertos españoles. Para el portavoz socialista «tenemos que garantizar la estabilidad de los puertos y que siga habiendo paz social, ya que eso es garantía de que nuestro sector es lo más competitivo posible». También ha agradecido directamente a patronal y trabajadores “el haber llegado a acuerdos en un marco de convenio laboral que les permita seguir trabajando y seguir haciendo competitivo este sector en nuestro país”.

Cabe recordar, en todo caso, que las proposiciones no de ley constituyen propuestas de resolución que no se vinculan a una iniciativa o trámite previo, como es el caso. No obstante, suelen ser, por su eficacia y rapidez, propuestas de resolución cuya aprobación no tiene efectos jurídicos vinculantes para su destinatario, el Gobierno en este caso, que es quien en última instancia debería aprobarlas en Consejo de Ministros. De todas maneras, al ser una propuesta del partido socialista, con el apoyo de diferentes grupos de la Cámara Baja, el Gobierno tomará cartas en el asunto.