Según una información de Europa Press, que cita fuentes gubernamentales, Bruselas habría disminuido la temporalidad de la devolución de las tasas desde el año 2005 al año 2007, en coincidencia con la clausura del expediente abierto a Francia por haber aplicado un sistema de tasas similar al español.
No obstante, en España las aguas continúan bajando revueltas y desde Galicia, País Vasco y Asturias no están de acuerdo con esta rebaja. Piden que la devolución de la tax lease se realice desde el año 2011, cuatro años más tarde de lo que ahora ha propuesto la Comisión Europea.
En cualquier caso, como ya publicó NAUCHERglobal (ver noticia relacionada), Bruselas admite que se exima del pago de la tasa a armadores y astilleros, quedando como únicos pagadores los inversionistas. Un punto del que habrían hablado telefónicamente el presidente del ejecutivo español, Mariano Rajoy, con el de la Comisión, José Manuel Durão Barroso.
De darse esta situación, los astilleros españoles continuarían teniendo muchos problemas de subsistencia, al no tener fuentes de financiación y, sobre todo, generar desconfianza por los cambios legislativos. Además, diversas fuentes han afirmado que entre las empresas inversoras en la industria de la construcción naval habría algunas firmas españolas de prestigio internacional de sectores tan alejados de la industria naval como pueda ser el de la moda, con Inditex o Mango, la construcción, como Ferrovial; o los bancos, entre otros.
El Gobierno español, a través del ministerio de Hacienda y hasta la resolución de Bruselas del año 2011 alentaba a las principales empresas del país (y también a multinacionales extranjeras, como pueda ser Ikea) a unirse en agrupaciones de interés económico (AIE) para participar de los beneficios fiscales de la tax lease y, al mismo tiempo, ayudar a la industria de construcción naval española. No obstante, empresas como Inditex dejaron de apostar por la construcción naval en el mismo momento en que Bruselas inició el trámite para ilegalizar la tasa.
Cabe recordar que las bonificaciones fiscales que recibían las empresas inversoras desde el año 2002 permitía a los astilleros españoles construir barcos con desgravaciones de hasta el 30% y hasta los 4 millones de euros, en función del tamaño o tipología del buque. En este sentido, el problema, en caso de que Bruselas se mantenga en la posición de reclamar las devoluciones desde el año 2007, lo tendrá el ejecutivo español con las empresas a las que había animado a invertir que probablemente no vean con buenos ojos la devolución de una tasa con la que, en principio, ayudaban al ministerio de Hacienda.
Algunas compañías como Naviera Berlín, Naviera Covadonga, Naviera del Guadiana y Naviera Venus, todas ellas domiciliadas en el registro de Canarias y creadas a través de estas AIE, se disolvieron el año pasado, en previsión de lo que podría suceder tras las investigaciones de la CE.
Estos inversores se comprometían a apostar su dinero en el sector naval a cambio de los incentivos del ministerio de Hacienda en sus respectivas actividades y lo hacían con el objetivo de realizar la compra de todo tipo de buques y de su posterior explotación mediante el arrendamiento del mismo, con o sin opción de compra posterior. En cualquier caso, en las AIE no había ninguna compañía que tuviese un porcentaje por encima del 50% del total.
