Se trata de un proyecto destinado a aumentar la transparencia de los fondos públicos para los principales puertos europeos, a través de normas comunes para todos los puertos que deseen restringir el número de prestadores de servicios. La Eurocámara rechazó en la votación que haya una única reglamentación de libre acceso al mercado a nivel europeo en relación con los proveedores de servicios portuarios, tales como el remolque, amarre y practicaje. Bruselas ha querido dejar fuera de esta normativa al sector de la estiba, que se encuentra inmersa en pleno diálogo social. No obstante, desde IDC, que ven positivos los términos votados en el Parlamento creen que, en 2017, la CE podría volver a plantearse su inclusión. Todo se verá.
En cualquier según un comunicado del Europarlamento, «los puertos pueden decidir por sí mismos la organización de los servicios portuarios para garantizar la seguridad». Este mismo texto incide en que un sistema común y uniforme no sería apropiado de cara a que “los modelos de gestión establecidos a nivel nacional se puedan mantener”. En su intervención, Fleckenstein señaló que «por primera vez en muchos debates sobre el paquete normativo en los puertos; tanto los propios puertos, como los operadores de terminales y los sindicatos han estado involucrados» en todo el proceso.
Si bien la propuesta de la Comisión Europea otorgaba el acceso gratuito al principio a la prestación de los servicios portuarios como remolque, abastecimiento de combustible, o de pilotaje, la Comisión de Transportes del Parlamento hizo hincapié en que «un solo sistema no sería apropiado, teniendo en cuenta que el sistema los puertos de la Unión se caracteriza por una gran diversidad, entre otras cosas, en la organización de modelos de servicios portuarios».
Nuevo varapalo al sistema español
Respecto a la financiación y a las ayudas de Estado o de la propia CE, «cualquier fondo público que puedan recibir los puertos deben aparecer perfectamente en sus cuentas». Asimismo, y para evitar la especulación en los precios, «en ausencia de mecanismos de mercado justos, deben adoptarse disposiciones para garantizar que las tarifas cobradas sigan siendo proporcionadas al valor económico de los servicios prestados». Además, estas tarifas deben de establecerse de una manera transparente y no discriminatoria, señalaron los eurodiputados. Se trata de un varapalo para el sistema de tarificación que existe en España, donde un único organismo, Puertos del Estado, centraliza las tarifas, atendiendo a unos criterios de clara ineficiencia operativa y de ayuda a aquellos enclaves deficitarios. Será por este motivo que los eurodiputados españoles de la Comisión de Transporte votaron en contra.
En el ámbito económico, los cánones de cada infraestructura portuaria deben establecerse de manera transparente e independiente «de acuerdo con la estrategia de negocio y la propia inversión en cada puerto» de manera individualizada. Asimismo, al contrario de lo que ocurre ahora en España, los usuarios de los puertos «deben ser consultados regularmente para el ajuste y la modificación de las tasas», en función de su operatividad.
Además, El Parlamento Europeo cree que «cada Estado miembro de la UE debe designar uno o varios organismos independientes [y por lo tanto no sujetos a los designios del Gobierno de turno] para centralizar las quejas.
En el aspecto laboral, «la formación de nuevo personal portuario es esencial para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores portuarios y proteger la calidad de los servicios», opinan desde Bruselas. En este sentido, los Estados miembros «deben velar por que se proporcione una formación adecuada para cada trabajador en el sector portuario»; sin duda una gran noticia, por ejemplo, para las actuales sociedades de estiba, que ya realizan estas funciones.
Para la secretaria general de la Organización Europea de Puertos (ESPO) Isabelle Ryckbost, que se apresuró a lanzar un comunicado en la misma tarde de ayer, «acogemos con beneplácito el acuerdo alcanzado esta tarde en la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo. Cuando la propuesta salió hace dos años, nos temíamos que causaría una desaceleración de los puertos, en lugar de proporcionar herramientas necesarias para enfrentar los desafíos actuales y futuros. Gracias al diálogo abierto y constructivo con el ponente (Fleckenstein) se han fijado una serie de medidas hacia un Reglamento de Puertos realista y aceptable y un posible acuerdo con el Consejo. Agradecemos a todos, especialmente al ponente, que ha contribuido a la formación de esta coalición en lo que parecía una misión imposible en el comienzo».
No obstante, la propia ESPO cree necesario reforzar ciertos puntos, previo al debate en el pleno de la Eurocámara y la aprobación definitiva de la reglamentación, entre ellos el fortalecimiento del papel de las autoridades portuarias en el establecimiento de los requisitos mínimos que deben tener los proveedores de servicios.
