La asociación empresarial Asoport ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional por la aprobación del V Acuerdo Marco de la Estiba. Según ha revelado en exclusiva a NAUCHERglobal el presidente de Asoport, Joaquim Coello, la denuncia se ha tramitado esta misma semana, “al considera que el texto es contrario a la ley, limitando la competencia para contratar de las empresas estibadoras y reduciendo la seguridad jurídica”. Este argumento se opone frontalmente al de Anesco, patronal mayoritaria en el sector de la estiba, y Coordinadora, el principal sindicato, que tras el visto bueno del Gobierno al texto, que se publicó en el BOE el pasado mes de mayo, valoraron el hecho de que el V Acuerdo Marco incremente la seguridad jurídica.
Las críticas de Asoport se extienden al nuevo modelo surgido de la reforma de los Centros Portuarios de Empleo (CPE), basado en una concepción mutualista. En este sentido, Coello ha señalado que, en breve, todas las empresas estibadoras -excepto las de los grandes puertos como Barcelona, Algeciras, Valencia, Las Palmas y Bilbao- abandonarán los CPE, ya que “no les supone ninguna obligación ni ventaja”. El presidente de Asoport comenta que “el Gobierno en su intento de favorecer a los CPE, los ha debilitado”, dándose un tiro en el pie”. Coello critica que la reforma del Congreso de los Diputados imponga el mutualismo como forma de asociación. “El Gobierno se ha hecho un lío”, esgrime.
Coello critica los requerimientos que impone la reforma de los CPE, que dada la naturaleza jurídica mutualista que impone la norma, “obliga a las empresas a dar preferencia a los Centros Portuarios en el proceso de contratación, excluyendo otras opciones como las ETT”.
Silencio de Anesco y Coordinadora
Preguntados por este medio tras revelarse la noticia, Coordinadora aseguró que no ofrecería declaraciones. Por su parte, la patronal Anesco afirmó no tener constancia de la demanda interpuesta por Asoport y tampoco voluntad de valorarla.
V Acuerdo Marco
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 18 de mayo la resolución de la Dirección General de Trabajo, por el que se registraba y publicaba el V Acuerdo Marco para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. La decisión suponía un punto de inflexión y un hito en este ámbito después de más de ocho años de negociaciones, aunque no garantizaba la paz total, ya que como avanzó NAUCHERglobal, la asociación empresarial Asoport ya anunció que iba a retomar la batalla jurídica, amparándose en que el texto no se adapta a la normativa comunitaria y ser –presuntamente- similar al IV Acuerdo Marco, cuyo articulado ya fue declarado nulo en parte por la Audiencia Nacional. Asoport ya llevó el texto firmado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Reforma de los CPE
El pasado mes de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica que recoge, en una disposición final, la reforma legislativa de los Centros Portuarios de Empleo (CPE), un aspecto que en los últimos tiempos ha generado una disputa entre las empresas estibadoras y los representantes de los trabajadores para determinar el papel y la vinculación laboral entre unas y otros.
En la enmienda 45 del texto, concretamente en el artículo 18, firmado por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, se añade una disposición final, en la que en el artículo se precisa que “los centros portuarios de empleo son empresas de propiedad conjunta de base mutualista, constituidas voluntariamente, con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes y con respeto de la competencia efectiva entre las empresas, para satisfacer de forma óptima la necesidad común de los socios de disponer de trabajadoras y trabajadores portuarios especializados en número y capacitación suficiente para prestar de forma eficiente el servicio portuario de manipulación de mercancías.
