En los últimos días el sistema portuario español ha vivido una serie de sucesos muy importantes, ilustrativos de su situación actual. Aunque muy dispares tienen todos ellos un nexo común: la opacidad y la ineficiencia del ente público Puertos del Estado.
Ya se ha hablado suficiente de la exaltación por sus creadores del Marco Estratégico, en Santander, que al final resultó lo más parecido a una fogata de humo que ni siquiera fue blanco porque todo el mundo conocía el resultado y el que se moviera, mazazo al canto.
Del segundo suceso, el problema jurídico aflorado en la Autoridad Portuaria de Baleares, con dimisión incluida del presidente, y salvando la presunción de inocencia, cabe decir que añade un nuevo drama al sistema portuario, cuyo funcionamiento da muestras evidentes de agotamiento. Hay que añadir al caso la extrañeza de que el mandado por el ente público para examinar la situación de esa Autoridad Portuaria sea un expresidente de Puertos del Estado, que para más sonrojo forma parte del Consejo de Administración del puerto en cuestión.
El tercer suceso, la dimisión por voluntad propia del presidente de la Autoridad Portuaria de Pasajes, Félix Garciandia, pone de manifiesto la gran distancia existente entre la realidad portuaria, el día a día que se encuentran los gestores de los puertos, con la fantasía que viven los que gobiernan desde Madrid, donde el conocimiento portuario real deja mucho que desear. Una cosa son los despachos y otra muy distinta la compleja actividad marítima y portuaria, pero eso no parece importar, aunque en el camino vayan presentando dimisiones unos y otros. En este caso, la del presidente de puerto de Pasajes, una persona con ideas, ganas y empuje.
Félix Garciandia
Es posible que cuando Félix Garciandia fue elegido por el presidente autonómico se sintiera contento y halagado creyendo que podría llevar a cabo las ideas y proyectos que tenía en mente, en colaboración con el equipo de la Autoridad Portuaria. Es probable que en algún momento se sintiera feliz por tal designación. Ignoraba que chocaría de frente con el caduco sistema portuario y con un grupo de gente incrustada en el ente público, acostumbrada a mover los hilos invisibles de los puertos. Si el nuevo cargo no acepta sus consignas, ellos mismos generan desde el ente todo tipo de intrigas y rumores, haciéndole sentir a uno solo y completamente abandonado. Si la persona conserva una alta estima y un buen nivel de dignidad, como es el caso, presenta la dimisión.
Analizando con cierta perspectiva el sistema portuario español es posible observar que está diseñado para que no funcione de forma coordinada. Tenemos 28 mascarones de proa que fueron nombrados por sus presidentes (o presidentas) autonómicos, dispuestos a ser masacrados jurídicamente en el sillón presidencial cuando no cumplan con los intereses políticos o económicos de turno, que generalmente nada tienen que ver con la expansión y desarrollo portuario, a no ser que dimitan motu proprio.
Así, tenemos un interesante proyecto de expansión en un puerto de primera de la red marítimo portuaria, avalado por el presidente y su equipo técnico y sin embargo parcialmente paralizado. ¿Por qué…? Muy sencillo: han entrado en juego los intereses no siempre confesables de los políticos, otra liga distinta a la portuaria que produce una importante disfunción.
Luego viene el ente público ubicado en Madrid, entre cuyos objetivos está el controlar los puertos a través de las normas pergeñadas de acuerdo con un modelo de funcionamiento portuario que obstaculiza la competencia, penaliza la innovación y premia la sumisión y la ineficacia. Un sistema plagado de anomalías y muy alejado de lo que necesitamos para tener puertos que creen riqueza y contribuyan al desarrollo.
Si lo pensamos bien, la existencia de Puertos del Estado es un drama para el sistema periférico. Es esperpéntico y mantiene personajes, por el momento inamovibles, que aparecen en todos los guisos políticos y se mueven en círculos concéntricos alrededor del poder de turno. Controlan 28 puertos de interés general, manejados a su antojo hasta dónde pueden (mucho en demasiadas ocasiones). Es verdad que algunas veces se encuentran con la oposición de poderosos barones territoriales y es entonces cuando, arriando sus velas de mando, adaptan sus exigencias; sabido es que las leyes se encogen o se estiran en función de la fuerza ejercida por un extremo u otro.
Hasta el momento, los tribunales de justicia suelen centrarse en el presidente del puerto, pero en los últimos acaecimientos estamos viendo cómo se amplía el círculo de responsabilidades. Hasta cuatro directivos de la Autoridad Portuaria de Baleares fueron llevados a las dependencias de la Guardia Civil en Palma de Mallorca. No olvidemos que Puertos del Estado envía a cada Consejo de Administración un representante y habrá que suponer que éste comunica al ente lo que se cuece en ese puerto y no se podrá hacer el sorprendido cuando el sistema judicial actúe.
Empiezan a pintar bastos para el conjunto marítimo-portuario y su ente público.
Entre las dimisiones y los registros portuarios todo apunta a que esto acaba de empezar. El miedo se va perdiendo. Las denuncias en algunos puertos, cuando los barones autonómicos se marchen o los echen, empezarán a florecer y de poco servirán las pólizas de blindaje que se hayan hecho; y en su momento la justicia pondrá el punto de mira en los Consejos de Administración portuaria. Entonces empezará el desfile, entre otros, de algunos de los señores de Puertos del Estado.
