Según Anesco, «durante los últimos 17 meses no se ha cumplido dicha sentencia, por lo que ahora la Comisión Europea ha decidido remitir el caso, por segunda vez, al Tribunal de Justicia, que impondrá importantes multas a España, puesto que consuetudinariamente, éstas son fijadas en función de los efectos que la infracción provoca en la economía comunitaria. En el caso del incumplimiento español, dichas consecuencias son graves, puesto que el mantenimiento de este sistema que regula la estiba está provocando ineficiencias que afectan negativamente a nuestro comercio».
Para la patronal «el hecho de no reformar la legislación española acatando la sentencia de 11 de diciembre de 2014, provoca inseguridad jurídica en todas las empresas estibadoras existentes en los puertos españoles, que desarrollan sus operaciones en un marco ahora cambiante. Existe la posibilidad de que nuevas compañías estibadoras pudiesen comenzar a implantarse en los puertos españoles, aplicando directamente la mencionada sentencia. Esta situación generaría una desigual competencia con los actuales operadores», señalan.
Por todo ello, Anesco defiende el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el traslado de la misma a la legislación nacional. Para la patronal «esta es una responsabilidad del Gobierno».
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