Adolfo Utor, presidente de los navieros, explicó en rueda de prensa que los buques a los que se les ha aplicado el sistema de tax lease en España han sido en total 272 unidades. De estos, el 33,8% correspondería a armadores españoles y el 62,2% restante a navieros extranjeros.
Según Utor, la Dirección General de Tributos (organismo dependiente del ministerio de Hacienda) autorizó las operaciones caso a caso, por lo que de aplicarse la devolución de la tax lease reclamada por Almunia, habría un «grave atentado a la seguridad jurídica, que podría traer la posible reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado», por parte de las compañías.
Además, para el presidente de Anave, de reclamarse la devolución de los cerca de 3.000 millones de euros todos los agentes del sector naval implicados resultarían afectados y no sólo los armadores o los inversores. Recordar que el comisario de la Competencia había excluido a los astilleros de la devolución de la tax lease, amparándose en la legislación comunitaria.
En este caso, gran parte de los armadores, sobre todo los extranjeros, cuentan con cláusulas contractuales que hacen responsables a los constructores en caso de problemas derivados de esta tasa. Sin embargo, Utor ve esta medida como un arma de doble filo, ya que de no implicar a los astilleros en la citada devolución -siguiendo la legislación europea-, crearía una inseguridad jurídica en España y nadie querría contratar la construcción de buques en las dársenas españolas, un país donde no se respetan dichas cláusulas.
Por otro lado, Adolfo Utor explicó el precedente del Estado francés: Bruselas abrió procedimiento sobre la tax lease el 13 de abril del año 2005, tras analizar un Dictamen Motivado del año anterior. El procedimiento culminó el 30 de abril de 2007 cuando el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) obligó a Francia a devolver las ayudas concedidas con posterioridad al 13 abril 2005 y no de manera retroactiva.
En el caso de España, el propio DOUE publicó el 21 de septiembre del año 2011 la resolución del Dictamen Motivado para la devolución de la tax lease por parte del Estado español. Y, en este caso, el comisario Almunia ha señalado, en primera instancia, que las empresas estatales implicadas deberían devolver las cantidades recibidas en concepto de ayudas desde el año 2005 al año 2011, basándose en la jurisprudencia que habría creado el caso francés en su momento.
Desde Anave, su presidente no negó que se deberá pagar la devolución de la tax lease, sin embargo, reclama la misma equidad que en Francia. Es decir, realizar la devolución conforme a la fecha de publicación del Dictamen Motivado en el Diario Oficial de la Uinión Europea: el 21 de septiembre del año 2011.
Por parte de Bruselas, fuentes de la Comisión han señalado que España (como también Bélgica) no deberían haber seguido aplicando la tax lease desde que se publicó el Dictamen contra Francia, ya que había evidencias de que el marco transgredía la doctrina comunitaria. Sin embargo, se continuó haciendo, como si no hubiera pasado nada. Un error que debería achacarse a la deficiente gestión, en este aspecto, realizada por el ejecutivo español y no reclamada por ningún empresario, que se veían beneficiados.
Por otro lado, también es correcto ver la vertiente más política del caso. Antes de Joaquín Almunia, entre los años 2004 y 2009, la comisaria europea de Competencia era la holandesa Neelie Kroes. Almunia accedió al cargo en febrero de 2010 y, pocos meses después, curiosamente fueron los astilleros holandeses los que presentaron una denuncia contra las prácticas de tax lease existentes en España. La pregunta es ¿por qué razón no lo hicieron cuando la responsable era una de sus compatriotas?
Finalmente, Utor también hizo referencia a que los armadores españoles, entre los años 2003 y 2010, solicitaron la construcción de 88 buques en total, de los cuales 40 fueron a astilleros del propio país y 48 a constructores extranjeros. Con este razonamiento, desde Anave se cuestionaban que si hubiera sido realmente beneficiosa la tax lease, los encargos se habrían realizo en el propio país. Un planteamiento que, en cualquier caso, suena como excusa.
Lo que sí es cierto es que -motivos económicos al margen- desde el envío del Dictamen Motivado en 2011 ningún armador español ha vuelto a encargar la construcción de buques a los astilleros estatales y se paralizaron los pendientes. Por lo que Utor ve la situación complicada para los astilleros, con la resolución o sin ella. Y de los encargos dependen cerca de 80.000 trabajadores en España.
Por su parte, en este breve período de tiempo transcurrido tras su ponencia, el comisario Almunia ha querido salvar su imagen en su propio país y aprovechó una comparecencia el pasado miércoles en sede europarlamentaria para desear que existan “nuevos argumentos jurídicos” para avalar el margen de actuación que reclama el sector naval español.
