Según declaraciones de Ripoll “desde el 15 de mayo del año pasado esta sociedad entró en concurso de acreedores voluntario, y nosotros como uno de los principales acreedores tenemos que fijar una posición, por eso hemos convocado un consejo de administración extraordinario, y a partir de los documentos que nos han trasladado y que hemos estudiado exhaustivamente y sobre los que hemos podido debatir, se ha acordado que el puerto no se sume al convenio de viabilidad para levantar el concurso que se ha planteado, ya que no se ven las condiciones necesarias para poder adherirse al citado convenio”.
El presidente añadió que “la junta de acreedores está prevista que se celebre el próximo 2 de abril, por lo que la decisión sobre la disolución o no de la sociedad la tomará en dicha fecha el juez concursal, lo que abriría un nuevo plazo para poder darle viabilidad con un nuevo concesionario”.
Asimismo, para Ripoll “el 2 de abril tanto el administrador concursal como el juez van a establecer los plazos de futuro. A partir de ese día puede empezar una nueva etapa que recorreremos de la forma más rápida posible porque al puerto le interesa que la dársena deportiva esté funcionando ya que es un activo importante en el puerto más cercana al ciudadano”.
