El convenio afecta a algo más de 700 trabajadores embarcados en 18 buques y se integra en el mismo marco de competencia en el que conviven empresas solventes y responsables –como Albacora– con otras que violan principios y derechos en materia social, laboral y de sostenibilidad. UGT ha difundido un llamamiento a las Administraciones públicas para que velen por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales antes de emitir licencias de pesca, o subvencionar y favorecer con fondos públicos a aquellos que incurren en delitos tipificados a nivel nacional e internacional.
Tradicionalmente, el sector pesquero no ha sido especialmente permeable a la negociación colectiva por sus particulares características, a lo que habría que sumar la contratación de tripulantes extracomunitarios como un factor que incentiva, aún más, la necesidad de definir un marco regulador que dé estabilidad laboral y facilite la cobertura sindical a los profesionales de este sector. Según ITF, la negociación colectiva no sólo beneficia a los trabajadores sino, por extensión, a las propias empresas: mejorando su seguridad jurídica, su competitividad e, incluso, su reputación en el ámbito de la RSE (Responsabilidad Social de las Empresas).
Este tipo de acuerdos en materia laboral dentro del sector pesquero constituyen una buena noticia para mejorar la imagen del sector, alejándolo de las informaciones que ponen el foco sobre actividades ilícitas: pesca ilegal, piratería, trato inhumano a los tripulantes…
