Se trata de agrupar en una sola norma las medidas técnicas que afectan a las distintas modalidades de pesca que se practican en este caladero, poniendo fin a la dispersión normativa.
De esa forma, quedarían recogidas en esta Orden las medidas técnicas que afectan a las modalidades de arrastre de fondo, cerco y artes menores aunque, para simplificar el texto y dar mayor agilidad a su gestión, cuestiones como los límites de desembarques diarios y períodos autorizados para la pesca de determinadas especies quedarán establecidos a través de una resolución del secretario general de Pesca.
La Orden pretende que las especies objetivo de la flota del golfo de Cádiz y sometidas a límites de capturas (TAC), sean gestionadas de manera global entre las distintas modalidades, por periodos trimestrales. De esta manera se facilita el seguimiento de las cuotas, pudiendo cerrarse una pesquería si se alcanza el total de la cuota prevista antes de terminar el correspondiente trimestre.
Igualmente, de no consumirse la totalidad de la cuota en un trimestre determinado, la cantidad sobrante se acumulará al período siguiente.
Como novedad, debido a la escasez de cuota y las dificultades de realizar un control de consumo, y para evitar multas por sobrepesca (como sucedió en 2011) o cierres de la pesquería con escaso preaviso, se ha procedido a realizar un reparto de la cuota de boquerón.
Este reparto, hecho fundamentalmente sobre la base de las capturas históricas y de forma lineal al 50%, supone la asignación de un porcentaje de la cuota de boquerón a cada uno de las cuatro entidades asociativas en las que se agrupa la flota de cerco: Barbate (43%), Isla Cristina (24%), Punta Umbría (18%) y Sanlúcar de Barrameda (15%).
Dichas entidades serán las encargadas de gestionar la cuota entre los barcos que a ellas pertenezcan, hasta su agotamiento. Esto permite a cada cofradía decidir en qué momento del año tiene interés en realizar las actividades pesqueras, en función del precio y de la demanda del boquerón.
Con este borrador de Orden se da cumplimiento al compromiso del ministro Arias Cañete de reordenar las distintas regiones del caladero nacional, en diálogo con las Comunidades Autónomas y el sector pesquero.
