¿Volverá la Armada a controlar la seguridad y el salvamento marítimo?

A través de un curioso y, todo sea dicho, excelente sitio en Internet, el entorno próximo de la Armada española ha publicado un artículo que resucita el debate sobre la organización de la seguridad y el salvamento marítimo. Fuerzanaval.com afirma que vio la luz en 2012, obra de tres buenos amigos que compartían una misma pasión: la Armada; y que su compromiso es ofrecer artículos de calidad, con un punto de vista particular y profesional sobre Defensa, Industria, actualidad de la Armada Española e Historia. Rematan con una afirmación soberbia y reveladora: Fuerza Naval es una página de referencia que no debe faltar en la barra de favoritos de expertos y aficionados al mundo militar. Los tres amigos se esconden tras los nombres de tres personajes bien diversos: Lord Jim, Pedro Menéndez y Schepke. El primero es un personaje de ficción creado por Joseph Conrad en 1900; el segundo, un marino y militar español del siglo XVI, adelantado de la Florida y corsario al servicio de Carlos I; y Schepke es un laureado comandante de submarinos que, al servicio del Reich, durante la II Guerra Mundial, hundió 37 barcos, con un total de 155.882 toneladas, y dañó 4 más. Analizando los textos aparecidos en Fuerzanaval resulta probable que tras esos pseudónimos se esconda más de un autor, y que todos ellos sean marinos militares.

Partiendo del “Manual del Derecho del Mar”, publicado por la Armada, (un sorprendente punto de partida que desvela la filia militar del autor), en el artículo “Guardia costera: la necesidad de aunar esfuerzos”, Fuerzanaval expone el confuso y costoso panorama de las competencias sobre seguridad y protección marítima que tenemos en España. Un panorama lamentable: Al solape de competencias se une la duplicidad de medios. Buques, aeronaves, centros de coordinación y decenas de departamentos administrativos pertenecientes a cinco organismos estatales y algunos autonómicos, cuyas funciones son, al menos, similares, y que colaboran a la ineficiencia del gasto público. Para documentarlo, Fuerzanaval publica un cuadro competencial bien trabajado.

A partir de esa constatación, el artículo se adentra, con manifiesta insuficiencia de información, sobre los trabajos de la Comisión Interministerial de estudio y reforma de los órganos de la Administración del Estado competentes en materia de actividades marítimas (COMINMAR), creada por resolución del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 1984 y posteriormente regulada por Orden ministerial de Presidencia del Gobierno de 30 de enero de 1985. El objetivo de la comisión, explícito en el título, era preparar la reforma de la Administración marítima, de acuerdo con el programa electoral que había llevado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a ganar las elecciones de octubre de 1982 y a formar gobierno el día 2 de diciembre de ese mismo año. La Cominmar tenía el encargo de delimitar las competencias marítimas; precisar y definir las competencias en/de los puertos; y evaluar las necesidades y cualificación del personal que haya de ocuparse en la ordenación y control de las actividades marítimas; pero el tema estrella que finalmente acaparó la atención de los altos cargos de catorce ministerios (repito: 14) que formaban la comisión fue “la organización y funcionamiento de los Servicios de Vigilancia”, como los denomina el acta de la primera reunión de la COMINMAR. Es decir, de la Guardia Costera.

Es verdad que la Armada presentó un propuesta sólida y razonable de crear un servicio similar al Coastguard de los Estados Unidos, que denominó Fuvimar: un organismo encuadrado en la Armada, pero servido por personal militar y civil. Una propuesta que, sin duda, era la más eficiente, es decir eficaz y  que requería pocas inversiones. Sin embargo, la propuesta mayoritaria, avalada por todos los ministerios, menos Defensa e Interior, pretendía la creación de un “Servicio de Guardacostas de carácter civil con naturaleza de Organismo autónomo encuadrado en el Departamento con  competencias en materia de actividades marítimas”, de acuerdo con el “Informe sobre los trabajos realizados por la Comisión Interministerial”. Ese ministerio se llamaba entonces Transporte, Turismo y Comunicaciones. El Ministerio del Interior se limitó a presentar un proyecto de Guardia Civil del Mar, particularmente ineficiente, al cual nadie en la comisión, excepto el inefable general Saenz de Santamaría, director general de la Benemérita, concedía la menor posibilidad. Grave error.

Por razones difíciles de comprender y que tal vez algún día se desvelarán (no perdamos la esperanza en que haya argumentos distintos a la simple ineptitud o la defensa de intereses ajenos al bien común), la decisión final del Gobierno fue poner en manos de la Guardia Civil el manoseado servicio de vigilancia, una opción que venía a confundir aún más la maraña de organismos y competencias marítimas.

Volvamos a Fuerzanaval. Tras documentar los medios y el ingente gasto público que suponen los medios de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil del Mar, el Servicio de Vigilancia Aduanera, el Ministerio de Defensa y los servicios de pesca estatales y autonómicos, la voz oficiosa (o al menos concomitante) de la Armada apuesta por unificar: Parece evidente que la dispersión de competencias entre varias administraciones, tanto nacionales como autonómicas, crea duplicidades y por tanto, un uso ineficiente de los exiguos recursos económicos del Estado. Para unificar, admite la opción de un organismo civil/militar vinculado al Ministerio del Interior (la Guardia Civil inspira mucho temor), pero lógicamente prefiere la opción Fuvimar, es decir una Guardia Costera dentro del Ministerio de Defensa, con las siguientes misiones:

1. Lucha contra la delincuencia en el ámbito marítimo.
2. Salvamento y rescate.
3. Coordinación del tráfico marítimo.
4. Lucha contra la contaminación.
5. Protección de los intereses económicos en nuestras aguas.
6. Vigilancia pesquera.
7. Protección del patrimonio sumergido.
8. Notificación de los avisos a los navegantes en la zona de responsabilidad de España (NAVAREA III).

Las cartas sobre la mesa. Este resurgir de las pretensiones de la Armada de recuperar el control sobre la seguridad y el salvamento marítimo, ¿es un globo sonda? ¿Responde a una ofensiva anunciada hace tiempo basada en el argumento económico, una motivación muy poderosa en la situación actual? ¿Se llevará la Armada el gato al agua de la misma forma, contra toda lógica, que la Guardia Civil impuso su Servicio Marítimo en 1986? ¿Traicionará una vez más el Gobierno que preside Pedro Sánchez su cacareado compromiso con la transparencia y el debate democrático? ¿Por qué no crear una comisión de los cuatro Ministerios realmente competentes en el tema para discutir con luz y taquígrafos la mejor opción, con la obligación de respetar lo que la comisión determine? Acabo aquí las preguntas porque cada una de ellas aumenta mi desesperanza. Me temo que volveremos a las andadas.