Las empresas asociadas a Bilboestiba-CPE emitieron ayer un comunicado de rechazo a realizar un acto de mediación en respuesta a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, tal y como había solicitado el comité de empresa después de 48 días de huelga.
Las empresas “consideran agotadas todas las vías de negociación” e inciden en relamar “un arbitraje de derecho obligatorio como única y definitiva alternativa para la resolución del conflicto”. En este sentido, desde Bilboestiba apuntan que “no cabe la mediación propuesta a instancias de los convocantes de la huelga en un conflicto planteado desde la defensa de argumentos contrarios a derecho y ajenos a las materias propias de la negociación colectiva para las que se encuentran legitimadas las partes”.
Desde la sociedad de estiba creen necesaria la apertura de un proceso de arbitraje obligatorio, que ampara la Abogacía del Estado, y que debería ser refrendado por Consejo de Ministros, una situación a la que el propio Ministro de Transporte, José Luis Ábalos, no quería llegar, según señaló en el Senado hace pocos días.
Bilboestiba critica que los sindicatos hayan propuesto la mediación del Ministerio de Trabajo y que antes no hayan aceptado un arbitraje voluntario. No obstante, en este punto los estibadores discrepan con la patronal, ya que desde el primer momento han sostenido que las empresas quieren acudir a un arbitraje introduciendo “sólo los temas de su interés”, como publicamos ayer en este portal informativo.
Se da el caso que, tanto en un acto de mediación, como en el de un previsible arbitraje obligatorio, quien deberá intervenir es el propio Ministerio de Trabajo y, en este sentido, fuentes internas nos han hecho llegar su extrañeza ante la decisión tomada por la parte empresarial.
A juicio de Bilboestiba-CPE, “la raíz de este conflicto se halla en los recientes cambios legislativos aprobados por medio de los Reales Decretos-ley 8/2017 y 9/2019 que proceden a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. Todo ello supone la transformación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y afecta singularmente a las tareas complementarias, que ya no forman parte del servicio portuario de estiba y quedan excluidas de la negociación colectiva como reiteradamente, además, ha señalado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y confirmado el Tribunal Supremo”.
También dicen haber celebrado 25 reuniones con el comité de empresa desde diciembre de 2019, aunque fuentes de los trabajadores han señalado que sólo han sido dos los encuentros desde que se iniciara la huelga.
La pelota vuelve ahora al tejado de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz que, como abogada laboralista es una persona acostumbrada a mediar entre los conflictos de trabajadores con empresas. No obstante, algunas fuentes señalan que, por su historial en materia laboral, unida a su pertenencia a Podemos (partido que siempre ha dado apoyo a los estibadores a lo largo del conflicto del Acuerdo Marco y la regulación de la estiba) genera desconfianza entre las empresas que forman parte de Bilboestiba. De hecho, uno de los principales valores de la ministra ha sido siempre la negociación colectiva por encima de la obligatoriedad de una normativa, según nos explican.
Como señalábamos desde NAUCHERglobal hace unos días, en caso de llegar a un arbitraje obligatorio, todos podrían perder: desde los estibadores que podrían ver mermadas las tareas complementarias que tenían en su convenio; a las empresas, a las que podrían obligar a contratar al centenar de trabajadores que llevan años acumulando contratos temporales (aunque, en este caso y en función de la demanda de trabajo, siempre podrían aplicar expedientes de regulación a posteriori).
De un arbitraje obligatorio que pusiera estos puntos encima de la mesa también dependerá, en buena parte, que haya reacciones más o menos organizadas en otros puertos españoles (sobre todo en aquellos tradicionalmente graneleros), ya que a nadie se le escapa que, en el caso que las empresas lograr recortar las tareas complementarias en Bilbao, no puedan hacer lo propio, posteriormente, en otros puertos donde también tienen presencia, según opinan desde la esfera social.
