El sector pesquero español ha transmitido a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en una reunión mantenida esta semana, su frustración tras los acuerdos adoptados en el Consejo de Pesca de la Unión Europea, celebrado los pasados 15 y 16 de diciembre, y advierte de que tales medidas ponen en serio peligro el mantenimiento del equilibrio social y económico en el Mediterráneo español.
Cabe recordar que el Consejo acordó una reducción adicional real de un 8,3% de días de pesca, medidas complementarias de nuevas zonas cerradas a la pesca y el compromiso de España y Francia de hacer llegar a la Comisión una propuesta para aplicar medidas técnicas selectivas a las artes de pesca, en junio de este año.
El sector, que durante la reunión ha transmitido a Planas que la Comisión Europea sigue mostrándose “insensible con los pescadores y desprecia su conocimiento sobre la situación de este mar”, considera, además, que “se está desarrollando una política muy acelerada en la aplicación del Reglamento y que sólo tiene en cuenta el aspecto medioambiental eludiendo los pilares económico y social”. Además, cree que “se está implantando sin los suficientes avales científicos que justifiquen las medidas”.
Sobre este particular, el sector ha recordado al ministro que los datos científicos en los que se basaba la propuesta de la Comisión era anticuados (corresponden a 2017/2018) y que además no valoran la implantación del primer año del reglamento, que supuso una reducción efectiva de un 21% del esfuerzo pesquero y la creación de zonas de cierre espacio temporales. Y recuerda que la FAO, antes de la aplicación del primer año del reglamento, ya manifestó que el 60% de los stocks están sin evaluar y que aún reconociendo que la sobrepesca, “el panorama había mejorado disminuyendo en un 10% las poblaciones de peces sobreexplotadas”.
El sector también ha recordado a Planas que disponía del compromiso del Gobierno para una aplicación no traumática para los pescadores, de tal forma que les permitiera alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) en 2025 sin la necesidad de cierre de empresas, amarre definitivo de barcos y la destrucción de puestos de trabajo. De hecho, apunta el sector, al margen de la desaparición de un 40% de la flota pesquera en la última década, la situación puede tener un impacto social drástico sobre 587 barcos y 3.600 puestos de trabajo directos, además de producir una caída de la oferta de las lonjas que conllevará aparejada otra del número de compradores y que afectará a la flota artesanal, al no poder comercializar sus capturas.
Igualmente, el sector ha manifestado al ministro que, durante el primer año de vida del reglamento, la flota asumió una reducción superior al 21% (de 122.321 días a 96.246) y no un 10% como establece el Reglamento europeo, y que para este año, la reducción del 8,3% supondrá asumir en sus dos primeros años de aplicación una merma del esfuerzo pesquero del 29%.
