Para la náutica de recreo, el año ha contemplado dos noticias esperanzadoras: la reforma de las titulaciones y la revisión de los impuestos que gravan la actividad comercial de los yates. Ambas se encuentran en fase de definición y aplicación, por lo que es prematuro pronunciarse sobre su calado y efectos.
Los cambios que se han producido en el organigrama de la DGMM forman parte de lo que podríamos considerar normal. La carrera administrativa de los altos funcionarios, jefes de algo, capitanes marítimos y subdirectores generales, no pasa necesariamente por la adscripción permanente a un único puesto de trabajo. Es saludable la movilidad y la renovación siempre que la administración no malbarate la experiencia y conocimientos de quienes son removidos.
La pesca y la armada continúan su dolce fare niente, ese compás de espera de no se sabe qué, mientras disminuye la actividad, disminuyen las inversiones y se va perdiendo capacidad de influencia política y económica.
Mientras nos congratulamos de que no haya sucedido ninguna desgracia importante que afecte a barcos o a las costas españolas, volvamos a la gran noticia, el juicio y sentencia del PRESTIGE. Aunque prácticamente todo está en el especial que publicamos en NAUCHERglobal (descarga del enlace), permítanme algunas confidencias que aún no he volcado en el ordenador.
De toda la vista oral, lo peor que mi memoria tiene archivado fueron las declaraciones ante el tribunal de dos políticos desnudos, el ex ministro Álvarez Cascos y el actual director general de la Guardia Civil, Fernández Mesa. Ambos nos dieron una buena lección de su inanidad, de su desprecio por las personas, de su corrupción laboral y de su completa inutilidad. El uno se parapetó tras el elogio canalla y falso de la administración marítima, loando para justificar su irresponsabilidad a los mismos funcionarios cuyo trabajo ignora y desdeña. El otro, el del pelo engominado, todavía resultó más patético. Nada sabía, nada decidió, nada hizo salvo actuar de mayordomo. Eso sí, presidía el grotesco “organismo rector” del que existen actas escritas y al que los técnicos y profesionales de la administración y del salvamento marítimo atribuyeron la decisión clave del siniestro: la de llevar el petrolero averiado al quinto pino y rezar para que se hunda.
De lo mejor, las brillantes declaraciones de los profesionales de Smit Salvage, Witse Huisman y Geert Albert Kofferman. Excelentes profesionales ambos, su respuestas a los abogados del Estado y al fiscal fueron dos luminosas lecciones sobre salvamento marítimo. Sus declaraciones constituyeron un alegato definitivo contra la gestión errónea y desastrosa del Gobierno. Sin olvidar la solidez y contundencia de las declaraciones de algunos peritos, particulamente Felipe Louzán, Tony Bowman y Al Osborne.
De los funcionarios que declararon como testigos, recuerdo con satisfacción la entereza profesional de Heliodoro Rey, jefe de la torre de salvamento de La Coruña, y de José Pose, jefe de la torre del Monte Enxa. De Alonso y Díaz Regueiro sólo puedo añadir que oyéndoles sentí una vergüenza que desbordó todos los límites.
Y del proceso, poco más. Manifestarle a José María Ruiz Soroa el profundo agradecimiento que le debemos los marinos y los juristas por sus muchos conocimientos y su brillante inteligencia; recordar el buen papel desempeñado por Santiago Zabaleta, María José Rodríguez Docampo y por los abogados de Nunca Mais; agradecerle al presidente del tribunal, José Luis Pía, su comprensión de la práctica de la libertad de prensa; y reiterarles a los abogados del Estado, Consuelo Castro y Javier Suárez, la admiración por su difícil papel, resuelto con mucha dignidad.
El proceso, el juicio y la sentencia del PRESTIGE son un libro que contiene casi todas las enseñazas necesarias para hacer un futuro mucho mejor del mundo marítimo. Sólo hay que leerlo y aplicarlo. Y eso espero que hagamos en 2014.
