EL CEMENTERIO DE BARCOS EN UNA CATEDRAL LÍTICA (y 2)

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NAUCHERglobal, Juan Zamora 1 18/08/2018

El diccionario de la Real Academia (DRAE), indica, como segunda acepción, que un cementerio es el lugar “destinado al depósito de residuos de ciertas industrias o de maquinaria fuera de uso”, y así se habla de cementerio nuclear o de cementerio de barcos. Dejaremos la expresión “cementerio marino” para ese otro lugar donde reposan los restos de los navegantes. El cementerio de barcos de la cantera de piedra de marés, entre Mahón y Es Castell, decíamos ayer, contiene bastante más de cien barcos, salvados del desguace y el olvido por esa entusiasta asociación menorquina llamada Amics de la Mar.

El propietario de los terrenos donde está ubicada la vieja cantera, Luis Alejandre, general del ejército español, no tuvo inconveniente alguno en prestar la propiedad como depósito de los barcos recuperados. Pero son terrenos que están en venta y ante esa eventualidad las autoridades públicas habrán de asumir sus responsabilidades con la cultura marítima.

Como explica Tòfol Mus, la conservación de los barcos es una tarea que compete a las autoridades públicas, pues ellas son de acuerdo con la ley quienes tienen la obligación de conservar el patrimonio marítimo. Amics de la Mar son una organización sin ánimo de lucro que colabora con la administración pública, pero es ésta quien tiene el deber de velar por la memoria de la mar.

Los barcos recuperados de la muerte que Amics de la Mar custodia constituyen un patrimonio de la sociedad, parte de la cultura marítima, esencial en la isla de Menorca. El historiador de puertos y de la cultura marítima, Joan Alemany, razona que de la misma forma como los poderes públicos se encargan de conservar las piedras de una catedral, o de un talaiot (talayote, según el DRAE), e invierten parte de los recursos públicos en su mantenimiento y exposición, tienen también el compromiso de velar por el patrimonio marítimo, fundamental en la historia de todas las sociedades vinculadas a las costas del mar.

Bien está que la administración se apoye en asociaciones civiles como Amics de la Mar, de Menorca, o la impresionante “Fundación Correíllo La Palma”, de Canarias, que dirige con éxito y pasión el práctico de Tenerife, Juan Pedro Morales, pero en ningún caso la existencia de estas asociaciones de voluntarios puede servir de coartada a los gobiernos locales, autonómicos y al gobierno estatal, para huir de sus cometidos legales.

 

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