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ULTIMOS COLETAZOS DEL ‘PRESTIGE’ (POR EL MOMENTO)

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NAUCHERglobal, Juan Zamora 15/03/2019

Tuvo lugar ayer en Bilbao un acto, quizás conferencia, tal vez foro de debate, sobre “El caso PRESTIGE: su análisis por sus protagonistas”. El acto estaba organizado por el máster en Gestión de Empresas Marítimo Portuarias y Derecho Marítimo de la Universidad de Deusto y subvencionado por el Gobierno vasco, y tenían previsto intervenir Fernando Cayuela, que actuó como perito de parte en el juicio de La Coruña; Álvaro García, el inefable fiscal que llevó el peso de la acusación contra el capitán Apóstolos Mangouras; y Mikel Garteiz-goxeaskoa, que participa como socio de Aiyon Abogados en lo relativo a la responsabilidad civil derivada del siniestro.

Estaba programada también la presencia del abogado Luis Figaredo, que intervino en el pleito del PRESTIGE ante los Tribunales de Estados Unidos. Pero finalmente no pudo acudir.

Lo más interesante del acto, sin duda, residió en la aparición del fiscal García. Los fiscales no suelen andar por los medios pregonando sus virtudes, lo mucho que trabajan y el inmaculado respeto que sienten por la Administración que les paga (otra cosa es la Justicia), de modo que la presencia de Álvaro García había suscitado un cierto interés. El muchacho no defraudó a la legión de admiradores que le siguen desde que en la vista oral del proceso penal contra Mangouras, López-Sors y Argyropoulos (La Coruña octubre 2012 - junio de 1913), hizo el espantoso ridículo de confundir el piloto automático de un buque con la fantasiosa “velocidad automática” que el chico se sacó de la manga y con la que, muy chulito él, pretendió acogotar al capitán Apóstolos Mangouras.

En su turno, el fiscal García resbaló sobre lo sustantivo que se vió en aquel proceso, a saber: ¿Qué responsabilidad penal tenía el capitán del PRESTIGE?, ¿qué el director general de Marina Mercante en noviembre de 2002? Del jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos mejor no hablemos, pues ni siquiera el ínclito García llegó a creer que tuviera alguna culpa en el desastre. Así que el fiscal se hinchó la boca de mentar lo imponente de aquella experiencia, los muchos miles de folios acumulados que insinúa que leyó (y a lo mejor es cierto, otra cosa es que acabara comprendiendo algo), los denodados esfuerzos de los traductores para verter a un español comprensible la ingente documentación en inglés, ruso y griego, los terribles interrogatorios a acusados, testigos y peritos, y en fin el trabajo titánico que tuvo que desarrollar, él mismamente, para acabar solicitando la condena del capitán Mangouras a 12 años de prisión, una petición final que pone en evidencia meridiana que el fiscal García nunca supo lo que hacía, no se enteró de nada y la justicia le importa lo que a Rajoy fumarse un puro. Aunque, una duda: ¿de verdad, fiscal García, no sabía usted que la acusación de desobediencia y delito medioambiental contra el capitán del PRESTIGE era un montaje fundado en la necesidad del Gobierno que presidía el señor Aznar López de espantar su responsabilidad en el desastre? ¿En serio que a usted nunca le contó el vicepresidente Rajoy que Mangouras fue un chivo expiatorio, un cabeza de turco utilizado por el Gobierno para confundir a la opinión pública? Su alegato final en aquel juicio, confirmando la solicitud de una pena de 12 años de prisión contra un inocente, constituye una infamia que nunca será olvidada, ya digo, por la legión de admiradores que desde entonces siguen su atrabilaria y desgraciada carrera.

 

DEL PACIENTE INGLÉS AL BRITÁNICO AGUERRIDO

Las últimas peripecias del fatigado e interminable pleito sobre el naufragio del PRESTIGE son dos escritos enviados por el club de protección e indemnización, London Club, al Gobierno español que éste se ha apresurado a llevar a la Audiencia de La Coruña para pedir ayuda a los tribunales. El Gobierno, vía Abogacía del Estado, esperaba que fuera España la que tomara la iniciativa para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo en el Reino Unido, pensando en una demanda de ejecución y un posible planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea en Luxemburgo, pero se ha encontrado con que el P&I Club ha tomado la iniciativa en lugar de esperar, y ha promovido ya dos acciones, una arbitral y otra jurisdiccional, para que no haya dudas:

1) Una demanda de arbitraje en la que reclama a España cualquier cantidad que ésta consiga hipotéticamente cobrar con cargo a la Sentencia del Supremo por encima de los límites indemnizatorios previstos en el Convenio internacional de Responsabilidad Civil por los daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (CLC), sobre la base de que ya hubo un arbitraje entre el Club y España resuelto con una Sentencia que estableció que España no podía cobrar nada por encima del CLC si no era a través de un arbitraje, nunca mediante el proceso penal español. Es decir, España estaría incumpliendo reiteradamente lo declarado por el arbitraje de Londres y las sentencias del Juzgado y del Tribunal de Apelación que lo validaron.

2) Una demanda judicial directa ante el Tribunal Superior de Londres en términos similares a la anterior.

En cualquier caso, a España le ha tocado lidiar con el británico correoso cuando esperaba al paciente inglés. De modo que probablemente nos hallamos ante una nueva edición de la desgraciada y absurda aventura del Reino de España pleiteando en Nueva York contra la sociedad de clasificación que certificaba al PRESTIGE, porque es de temer que la dirección general de la Abogacía de Estado, ojalá me equivoque, siga empecinada en gastar millones de euros en costas procesales en Londres sin haber obtenido nada; fracaso en todas sus demandas. España ya le debe al London Club 1.600.000 libras esterlinas del arbitraje anterior, una cantidad pactada. Pagamos en Nueva York una cantidad próxima a los cien millones de dólares USA, pero al parecer no tuvimos suficiente y queremos más.

 

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