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TODOS CONTRA LA SENTENCIA DEL PRESTIGE

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JUAN ZAMORA 03/12/2013

Blog: "El barógrafo"

Los anuncios de la defensa de Mangouras, de Francia y de la fiscalía anunciando que recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, unidos a los ya conocidos del Estado español y de Nunca Mais, suponen en la práctica que todos están descontentos con el fallo del tribunal. Unanimidad aparente, desde luego, pues cada parte ha justificado su recurso con objetivos muy distintos y no siempre razonables.

Nunca Mais no se resigna a que quede impune la mayor catástrofe ecológica de Europa y busca la condena del Estado, a quien responsabiliza de las desastrosas consecuencias del siniestro. Saben que la condena del Estado es la única vía para que quienes no acpetaron el pacto con Hacienda en 2003 puedan cobrar ahora sus indemnizaciones.

Francia tiene muy claros sus objetivos: que se indemnice a sus ciudadanos por los daños y perjuicios que sufrieron a causa del chapapote que llegó a sus costas. Para ello disparan directamente contra el único bolsillo profundo que queda en la causa: el Estado español, el único que no puede ampararse en ninguna limitación de responsabilidad civil, de modo que argüirán que fueron las autoridades españolas quienes con sus decisiones causaron el naufragio del buque y el daño de contaminación que provocó.

La defensa del capitán Mangouras, como ya hemos publicado (ver artículo), tiene también muy claras sus pretensiones: que se anule la condena de nueve meses impuesta al capitán del PRESTIGE por un supuesto delito de desobediencia. 

Los recursos de la fiscalía y de la abogacía del Estado, por el contrario, más parecen dictados por la conveniencia del Gobierno de responder ante el estupor de los ciudadanos por una sentencia que no pueden entender. Otro error a sumar a los muchos errores cometidos en la gestión judicial del accidente. Ambos, lógicamente, pretenden la condena del capitán aunque de forma contradictoria sostienen que el culpable es la armadora y/o la sociedad de clasificación que emitió, en nombre de Bahamas, los certificados de navegabilidad del buque.

La condena de Mangouras, aducen, será la vía para conseguir que alguien pague las indemnizaciones multimillonarias, más de cuatro mil millones, que solicitó el fiscal y asumió la abogacía del Estado. 

Mienten descaradamente. Ambos saben que aún en el caso de que consiguieran la condena de Mangouras, algo harto improbable, los mecanismos de limitación de la responsabilidad civil y, en último extremo, las decisiones jurisdiccionales dictadas por los jueces ingleses, blindando la eventual responsabilidad del seguro (club P&I), impedirían conseguir más dinero del que ya han obtenido.

Como apuntaba José Luis Gabaldón (ver artículo), “si quiere evitarse que esta situación pueda repetirse en el futuro, mejor será denunciar los Convenios o tratar de modificarlos, antes que recurrir a interminables, carísimos, desproporcionados y en muchos casos injustos procedimientos penales”.

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