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SOBRE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

  • EDITORIAL

NAUCHERglobal 26/01/2015

Fuentes de las empresas de remolcadores que operan en el puerto de Barcelona nos han asegurado que el dictamen arbitral sobre el conflicto de horas y jornada laboral fue realizado en tiempo y plazo por el árbitro acordado por ambas partes, trabajadores y empresas. Es decir, que el laudo existe, pero que se mantiene oculto a la comunidad portuaria por no se sabe bien qué pudores, cautelas o temores disfrazados de prudencia.

La anécdota del laudo secreto constituye una muestra del recelo e incomprensión que los agentes sociales de la comunidad portuaria en  general, salvo algunas excepciones, tienen hacia el papel de los medios de comunicación. Acostumbrados a muchos años de secretos, al pasteleo de los despachos, al amiguismo y a la falta de transparencia como norma de conducta empresarial –y lamentablemente también sindical-, ven la información con desconfianza y viven como una amenaza la difusión de las noticias que, a su juicio, pueda afectarles.

No entienden que la información es un bien social imprescindible; la transparencia, una obligación pública y jurídica; y la crítica un factor primordial de progreso social. Quienes abogan por el silencio y el secreto desprecian a la sociedad, o al menos no le conceden la menor importancia, y crean el caldo de cultivo necesario para corruptelas, cohechos y demás trapisondas que caracterizan a una sociedad enferma.

¿Qué objeto tiene mantener en secreto un laudo arbitral, que suponemos bien fundado, sobre una materia laboral conflictiva que afecta a una pieza importante de la actividad portuaria, no sólo del puerto de Barcelona, puesto que el problema de las condiciones de trabajo de los remolcadores afecta a todos los puertos de España –y de Europa en cierta forma-? ¿Cuál es la razón de este secretismo? No nos quedemos en las razones subjetivas, la inseguridad, el miedo o directamente la mediocridad. ¿Con qué propósito unas empresas y unos sindicatos hurtan a la sociedad una información que permitiría conocer y comprender las causas de un conflicto que puede dar lugar a un paro laboral perjudicial para toda la sociedad?

Ha llegado la hora de que las comunidades portuarias vaya desprendiéndose de ese ropaje de tiempos pretéritos que huye de las luces y prefiere las sombras; que se siente cómoda en la propaganda –¡Ay, esas notas de prensa con “lo buenos que somos”!-; y no quiere saber nada de la información, ignorando que ésta es un bien social que ayuda a mejorar la democracia, en todos los órdenes y a todos los niveles.

Si se materializa la huelga de los remolcadores proclamada por la CGT, empresa y sindicatos buscarán, en buena lógica, la complicidad de la sociedad y de las autoridades con sus respectivos argumentos, pero nos habrán negado previamente y de forma absurda la información que nos permitiría entender la situación y opinar con criterio. De modo que si quieren mantener la arbitraria decisión de ocultar el laudo arbitral, al menos que nos digan por qué y para qué.

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