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¿QUIÉN DEBE HACERSE CARGO DE UNA EMBARCACIÓN EN ESTADO DE ABANDONO?

  • Derecho marítimo
  • Náutica de recreo

NAUCHERglobal, Daniel Molero 21/01/2014

La legislación náutica no deja claro quién o cómo se debe asumir la responsabilidad en el caso del abandono de una embarcación en un puerto. El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que se oficializó mediante un Real Decreto el 5 de septiembre del año 2011, señala en su artículo 302 que corresponde al Estado la propiedad de los buques abandonados en la zona de servicio de los puertos. Dicho esto, la mayor parte de estos terrenos están concesionados, con lo que esta medida afecta directamente a los propietarios de las marinas.

En este sentido, han sido varias las voces que, durante los últimos meses, han venido reclamando modificaciones al respecto. Desde la Federación de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT), propusieron el pasado año que sea la empresa concesionaria del espacio portuario la que asuma el depósito de las embarcaciones abandonadas hasta que se decida su venta o desguace, cobrando por el espacio y las tasas derivadas, una vez se haya resuelto qué hacer con la citada embarcación (leer noticia relacionada).

Sin embargo, desde Puertos del Estado -mediante la presión de las Autoridades Portuarias- de momento se han mostrado contrarios a esta petición, por mucho que se generan problemas en las zonas de atraque deportivas. En todo caso, el sector ha reconocido en varias ocasiones que España cuenta con cerca de 15.000 embarcaciones de recreo abandonadas, tanto en instalaciones náuticas como en terrestres.

El principal problema par las marinas que acogen a estas embarcaciones es que pierden ingresos por la ocupación de la lámina de agua dentro de su concesión por un buque en estado de abandono.

Cabe recordar que actualmente se consideran abandonados aquellos buques o embarcaciones que permanecen durante más de tres meses atracados, amarrados o fondeados en el mismo lugar dentro de un puerto sin actividad apreciable exteriormente, y sin haber abonado las correspondientes tasas, y así lo declare el consejo de administración de la Autoridad Portuaria. En este sentido, la declaración de abandono exige la presentación, por parte de los gestores portuarios, de la certificación que acredita el estado de abandono (y en la que se da audiencia al propietario, al naviero, al capitán del buque o, en su caso, al consignatario), de acuerdo con la legislación española. Un proceso demasiado burocratizado que hace que, a menudo, se demore la decisión.

Para agilizar el proceso y liberar el espacio que ocupan, la lógica marca que deberían ser los concesionarios los que pudieran iniciar el procedimiento de comunicación a la Autoridad Portuaria de cara a que ésta emprenda la enajenación del buque afectado de manera inmediata.

Como, una vez declarado en estado de abandono, la embarcación pasa a ser responsabilidad del Estado, durante el tiempo que se decide qué hacer con ella (venderla, rehabilitarla, desguazarla, etc.) desde la FEAPDT pretenden que sean los concesionarios los depositarios de la misma, configurándose como acreedores y beneficiándose de los gastos que se derivan de tener un espacio ocupado dentro de sus instalaciones.

Actualmente, el Estado no está obligado a pagar por este espacio, un asunto que perjudica a los poseedores de la concesión donde este situado el buque abandonado, y siendo el Tesoro Público la única entidad que se beneficia, como acreedor único (teniendo en cuenta que al importe por la venta en subasta se le debe restar el dinero correspondiente a tasas y tarifas portuarias, así como los gastos del procedimiento). 

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