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PUERTOS DEL ESTADO PLANTA CARA A LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO

  • Puertos
  • Entorno marítimo

JUAN ZAMORA 08/04/2015

Blog: "El barógrafo"

Puertos del Estado ha activado una resolución que establece unos sinuosos mecanismos para controlar la información, original o clonada, que genera, maneja, recibe, envía, gestiona, manipula y compra o vende el organismo, no está del todo claro, pues la redacción es confusa y la finalidad del invento normativo escapa de cualquier razonamiento lógico. Un sinsentido, vamos.

No resulta ocioso dejar constancia de la extravagancia del invento, pues a los demás organismos públicos, ministerios, agencias, secretarías de Estado, direcciones generales, institutos, tribunales, federaciones y patronatos les alcanza con la normativa de protección de datos y la legislación de secretos oficiales. Pero como Puertos del Estado gestiona una información tan sensible para la salud pública y de tanto riesgo para la seguridad de los ciudadanos españoles, ha necesitado de ese singular garrote. Los empleados al frente de una sección y de un servicio de Puertos del Estado son a partir del pasado 1 de abril responsables de que la información que puedan manejar no salga del recinto, que nadie se entere, silencio, secreto.

A partir de ahora Puertos del Estado dispondrá de un fastuoso Comité de Gestión de la Seguridad de la Información (el Cegesi, o CSI) compuesto de cinco hombres y una mujer, encargado de impulsar la implementación de la presente Política de Seguridad (sic, en pomposas mayúsculas), o sea el responsable final de que la información que corre o vuela por los pasillos y despachos del organismo, en calidad de lo que sea, oral o escrita, en cualquier idioma conocido, no caiga en manos u oídos de los enemigos del planeta Tierra, o de los malvados que acechan y persiguen los arcanos del ente, o sus maniobras orquestadas en la oscuridad; o simplemente que la información no llegue, a través de los medios de comunicación, a los ciudadanos. Todo en secreto. 

No se trata sólo de una iniciativa ridícula y antidemocrática, que debería avergonzar a sus mentores; se trata además de una norma que ensucia la política del Gobierno, tan ufano con el lanzamiento de la Ley de Transparencia y ahora tan mohíno con la última ocurrencia del inquilino de Puertos del Estado.

Una ocurrencia fruto del miedo –fuente inagotable de errores- y claramente contraria al interés de los ciudadanos. Una ocurrencia enfrentada a la política de transparencia que el Gobierno ha prometido impulsar como un instrumento fundamental para atajar la corrupción. Por todos es sabido que el secreto es el refugio imprescindible para el desarrollo de todo tipo de abusos, irregularidades y delitos. Lo saben incluso los actuales alguaciles del sistema portuario español.

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