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PROACTIVA OPEN ARMS Y LOS RIESGOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA

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NAUCHERglobal, Juan Zamora 29/03/2018

El barco OPEN ARMS es un viejo remolcador de altura de la empresa Ibaizabal que su propietario, encarnado en Alejandro Aznar, heredero de la conocida saga de navieros vascos, donó a una Organización No Gubernamental (ONG), sin ánimo de lucro, Proactiva Open Arms (POA), dedicada a “rescatar del mar a los refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza” (www.proactivaopenarms.org); y surgida de una empresa de socorrismo y salvamento marítimo con dilatada experiencia en las costas españolas.

El capitán del OPEN ARMS, Marc Reig Creus, un barcelonés afincado en Tarragona; y Ana Isabel Montes Mier, coordinadora de la misión, vivieron el pasado 15 de marzo un día que no podrán olvidar. Desde primeras de la madrugada de ese día se vieron comprometidos en el salvamento de los emigrantes de tres balsas neumáticas, con un total de 218 personas a bordo, que navegaban en condiciones precarias a unas 40 millas al norte de las costas de Libia.

 El gobierno italiano y POA firmaron hace años un pacto, Codice di condotta, cuyo propósito era regular en términos amplios la relación de la ONG con las autoridades marítimas y migratorias de Italia; es decir, compaginar el derecho de salvamento de la vida humana en la mar, objetivo de POA, con los problemas sociales, económicos, políticos y jurídicos que plantea el flujo migratorio constante en los países donde desembarcan. Italia, que es el país que ha recibido un mayor número de migrantes por vía marítima, percibe el problema con preocupación y malestar por la relativa indiferencia del resto de Europa ante el esfuerzo que ellos han de realizar para acoger a miles de migrantes.

El día 15 de marzo, en la actividad del OPEN ARMS se cruzó el aviso de la Guardia Costera italiana, un órgano dirigido por militares, de que el salvamento de las tres gommoni, había sido atribuido a los servicios de salvamento de Libia y que por tanto se alejaran de la zona. Marc Reig y Ana Montes, a la vista de la penosa situación de las pneumáticas y la alarmante condición física de los migrantes que iba a bordo, decidieron intervenir y rescatarles. Cuando llegó la patrullera libia y reclamó a los salvados para llevarles de regreso, éstos se negaron y el OPEN ARMS se alejó de la zona para evitar un incidente que podía haber costado muy caro. Desembarcaron a una madre con tres niños de corta edad en Malta, el puerto más cercano, y siguieron rumbo a Italia, al puerto de Pozzallo, en el extremo sur de Sicilia, para desembarcar al resto de las personas rescatadas. Allí, tras una jornada tensa y agotadora de más de doce horas, se encontraron con la desagradable sorpresa de que un fiscal, conocido por su celo conservador, les acusaba de “asociación ilegal” y pedía el apresamiento del OPEN ARMS.

El capitán Marc Reig y la coordinadora Ana Montes están acusados ante los tribunales italianos de un delito de auxilio a la inmigración ilegal. Y tienen el barco retenido en puerto. El auto judicial del tribunal de Catania, firmado por el juez Sarpietro, les acusa de haber desdeñado la acción del salvamento marítimo libio -muy poco fiable pues es bien conocido que Libia carece en estos momentos de un Estado mínimo- desobedeciendo las órdenes recibidas de la Guardia Costera italiana; y de haber querido entrar en un puerto italiano a toda costa, sin contemplar otras posibilidades (Malta o incluso España, nación de la bandera del OPEN ARMS). El juez confirma la detención cautelar del barco y pide a la fiscalía que presente una acusación penal contra Reig y Montes, descartando el extravagante delito de “asociación ilegal” aplicado a una organización humanitaria que, estrictamente, se ha limitado a socorrer y ayudar a unas personas que huían del horror de sus lugares de origen. Y a salvarlas en altamar cumpliendo un deber legal y moral que nadie cuestiona.

Para el letrado Jaime Rodrigo de Larrucea, profesor de Derecho Marítimo en la Facultad de Náutica y coordinador de la defensa de Proactiva Open Arms, el proceso planteado tiene una vertiente política ajena a la acción de los encausados: Europa no sabe cómo gestionar el problema de los migrantes procedentes de Oriente Medio y de los países africanos, e Italia alega que está cansada de soportar la mayor parte del problema. En su aspecto jurídico, será difícil que pueda recaer una sentencia dura contra unas personas cuyo único propósito ha sido salvar vidas en peligro. Probablemente todo quede en una sanción administrativa, pecuniaria, sin más.

 

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