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PRESTIGE, EL CINISMO Y LA DESVERGÜENZA DEL PODER EN ESPAÑA

  • Administración marítima
  • Prestige

JUAN ZAMORA 16/12/2012

Blog: "El barógrafo"

En su declaración ante el tribunal que juzga la catástrofe del PRESTIGE, Ángel del Real Abella dio una lección soberbia sobre el funcionamiento del poder en España. Cínico y a veces desvergonzado, con el desparpajo que confiere el uso y disfrute de coche oficial, y la seguridad que le permite el temor de sus subordinados, el otrora capitán marítimo de La Coruña y hoy presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, Ángel del Real, mostró a la Sala la peculiar consideración de las autoridades españolas por las normas, los hechos y las personas.

Nada que ver con la actitud tortuosa, como de establo, de López Sors, ni con los delirios paranoicos de Díaz Regueiro. No. Del Real se maneja bien entre palabras y conceptos, y navega desahogado entre los escollos de la realidad y del Derecho que no se ajustan a su conveniencia.

Ningún problema en sostener que la regla que exige la presencia de técnicos para evaluar los daños de un buque en peligro, antes de decidir el plan de salvamento, quiere decir “presencia” donde decida la autoridad, él sin ir más lejos. Puede ser a bordo, ciertamente, pero también puede ser en su casa o a ochocientos kilómetros de distancia. La transparencia del significado de la palabra hecha añicos, destrozada, pues el poder en España no puede detenerse en esas zarandajas. “Presencial” querrá decir lo que yo quiera en cada momento. Las leyes han de estar al servicio del poder, debe pensar del Real, y no al revés.

Esa actitud se combina a vontade con su contrario, cuando interesa. El capitán dijo que no obedecía, lo pone el papel, “no obedecía”, luego era un delincuente, sin discusión, y del Real estuvo de acuerdo con denunciarlo y mandarlo detener. Si el papel se equivoca, él no tiene la culpa, responsabilidad exclusiva del papel, no suya.

Pero también ese rigor es maleable, siempre sujeto a lo que el poder determine. De todos es conocido que del Real llevó al capitán holandés de salvamento, Huysman, un documento redactado por él mismo que obligaba a alejar el PRESTIGE a 320 millas náuticas de la costa española. Está escrito, no hay duda. Pues no. Lo que del Real quería decir era en realidad 120 millas. Reconocer el error está muy lejos del cinismo del poder en España. No hay error ninguno, pone 320 millas, con sello oficial y la amenaza de la Armada si la orden no se cumple, pero en realidad, manifiesta del Real con la tranquilidad que da el sentirse impune, yo quería decir 120 millas, y añade, “todos lo sabían”.

¿El rumbo de alejamiento? Lo marcaron ellos –“por supuesto”, admite altanero-, la autoridad, el mejor rumbo posible. ¿Que a los expertos, Huysman incluido, les parece una derrota demencial, pésima para el estado del buque? Pues qué le vamos a hacer, ellos tienen su opinión, comentó del Real, y nosotros la nuestra. Así de sencillo, no hay más que hablar.

Vayamos al ficticio Organismo Rector (OR), cuya creación sitúa del Real, alineándose con la declaración de López Sors, a las cinco de la mañana del día 14 de noviembre de 2002. Un OR que nada tiene que ver con lo que prescribe el Plan Nacional de Contingencias por contaminación marina accidental, pero eso al poder en España no le importa en absoluto. Ese OR tuvo a bien levantar un par de actas de su trascendental cometido de dirigir la emergencia, según declaran. En esas actas no aparece ninguna decisión, ningún acuerdo ni debate alguno. Se limitan a narrar lo que el director general López Sors tiene a bien contar, grosso modo que los detalles son aburridos, sobre la situación del siniestro. Como la única finalidad de las actas consiste en dejar constancia de los acuerdos y decisiones tomadas en la reunión, cabía esperar que, al menos, la decisión de arrojar el petrolero a las tinieblas figurara en algún papel. Pues no. Al poder en España los papeles le sirven cuando le sirven, como las leyes, y cuando no, pues se ignoran. ¿Hay que encarcelar o destruir a una persona? Se la empapela. Pero en el caso del PRESTIGE, afirma del Real, sonrisa traviesa en su mirada, “las actas recogen lo que recogen”. Lo importante, prosigue, “no está en las actas”. Y se queda tan ancho.

Eligió a Díaz Regueiro, de quien muy difícilmente podía ignorar su pasmosa personalidad, para ir al PRESTIGE en la mañana del día 14 de noviembre, porque sí, porque el poder en España actúa como le da la gana. ¿Algo que objetar? Lo que el sentido común, las normas y el buen hacer administrativo exigía era mandar para examinar el PRESTIGE al jefe de la Inspección de Buques, ingeniero naval de competencia probada, y a un inspector con título náutico y la cabeza en condiciones. Pero del Real, que tenía el poder, optó por el resabiado y resbaloso Díaz Regueiro. Cierto es que si se trataba de ir a bordo para amenazar a la tripulación y luego inventarse la increíble historia del sabotaje, Díaz Regueiro constituía una buena opción, a qué negarlo.

La guinda de la declaración del señor del Real –una de ellas, para ser exactos- fue la manifestación rotunda de que “lo volvería a hacer igual”. Se refería, claro está, a alejar el buque –hundirlo, como todos saben-, detener a un inocente y provocar una catástrofe de dimensiones económicas colosales. Así es el poder en España. ¿Rectificar, aprender de los errores? ¡Por Dios! A lo hecho, pecho, sostenella y no enmendalla, caiga quien caiga, aunque de esa actitud se desprenda un daño público y un enorme sufrimiento social. En España, las autoridades no está para defender el interés común y evitar perjuicios sociales; el poder se obtiene para exhibirlo, para andar caliente y para hacer y deshacer sin cortapisas, a cualquier precio.

El abogado José María Ruiz Soroa, uno de los mejores pensadores políticos del país, ha dejado escrito que es frecuente en España el divorcio entre lo que las leyes establecen y la conducta real y cotidiana de los encargados de cumplir las normas y velar por su cumplimiento. Sucedió durante el siniestro del PRESTIGE –y del URQUIOLA, y del AEGEAN SEA-, de modo que esté tranquilo, D. Ángel, no es usted una excepción. Por desgracia, lo excepcional sería que el poder en España observara la ley, se atuviera a los hechos y respetara a las personas.

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