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PRESTIGE: "ALGO HABÍA QUE HACER"

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JUAN ZAMORA 21/11/2017

Blog: "El barógrafo"

Hace unos días coincidiendo, ya es casualidad, con el decimoquinto aniversario del siniestro del petrolero PRESTIGE, los medios gubernamentales lanzaron a los cuatro vientos el auto judicial, que no sentencia, de la Audiencia Provincial de La Coruña que concreta precisamente los números de la indemnización cuyo fundamento en líneas generales dejó establecido el Tribunal Supremo en su extravagante sentencia de enero de 2016. La coincidencia con el aniversario del accidente pretendía, naturalmente, neutralizar los comentarios de los medios de comunicación recordando, cruel hemeroteca, la desastrosa gestión del siniestro por parte del gobierno.

De nuevo, como en la detención desproporcionada e injusta del capitán Mangouras, una acción con gran cobertura mediática para encubrir la incompetencia y los errores de los responsables políticos que convirtieron un accidente en una catástrofe.

El auto de la Audiencia Provincial de La Coruña no es sino un paso más para establecer la cantidad exacta a pagar por los armadores y los navieros del buque y por el seguro de protección e indemnización. Un paso más que será recurrido ante el Tribunal Supremo, como ya han anunciado algunas de las muchas partes personadas en el procedimiento.

 Cuando finalmente el Tribunal Supremo determine la indemnización que se pedirá a los intereses del buque y el seguro, una cantidad que probablemente no cambiará la establecida por la Audiencia Provincial de La Coruña, dispondremos al fin de una condena española firme, definitiva y concreta de la indemnización a pagar por el club de protección e indemnización (P&I) que aseguraba al petrolero PRESTIGE.  

Entonces, en ese momento, en un par de años quizás, es cuando se librará la penúltima peripecia jurisdiccional, la madre de todas las batallas. Porque el Estado español intentará que la sentencia del Tribunal Supremo contra el seguro P&I se ejecute en el Reino Unido que es donde está domiciliado y tiene sus fondos The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited, conocido como London Club. Y el seguro opondrá a esa ejecución la sentencia que en su día dictaron los tribunales ingleses, en la que declaraban precisamente que la sentencia española no sería válida en lo que al seguro P&I inglés se refiere. Resulta más que probable, dicho sea con las debidas reservas, que vencerá el London Club que tiene a su favor la previa resolución inglesa. Y como no podía ser de otra manera, el pertinaz Estado español y sus trabajosos abogados presentarán entonces el caso, la contradicción entre la sentencia española y la inglesa, ante el Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea. Apasionante.

 A todo esto, no debemos perder de vista que Apóstolos Mangouras ya presentó su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, contra la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo por vulneración de derechos fundamentales, que todavía tardará años en resolverse, pero que finalmente se pronunciará, previsiblemente, declarando que España ha violado el derecho fundamental del capitán Mangouras a un juicio con todas las garantías al condenarle por un delito del que había sido absuelto en primera instancia.

Y recordemos, ya puestos, la aventura de la aguerrida Abogacía del Estado español, arremetiendo en los Estados Unidos, por bufete neoyorquino interpuesto, contra la sociedad clasificadora American Bureau of Shipping para que fuera ésta la que pagara la factura del desastre. La cornada que recibió el Reino de España en la sentencia definitiva de agosto de 2012, que confirmó en todos sus términos la sentencia de la juez Swain del Southern Disctric de Nueva York, fue de las que no se olvidan, entre otras cosas porque allí quedó hecha jirones la marca Reino de España y de paso perdimos más de cien millones de euros. Una aventura ruinosa que el Estado español ha enterrado en los confines de la galaxia para que nunca más se hable de ella.

¿Cuándo y cómo empezó esta historia interminable de jueces y tribunales, se preguntará tal vez algún lector? Pues empezó de forma simplicísima, como todas las grandes tragedias. Obviando la disparatada operación de salvamento -con un lado sospechoso de corrupción que no se ha querido investigar- el accidente debía haberse resuelto en un proceso civil que fijara los daños y perjuicios y determinara las indemnizaciones correspondientes. Todo resuelto limpiamente en unos pocos años. Pero al capitán marítimo de La Coruña, por orden del director general de Marina Mercante, se le ocurrió presentar una denuncia contra el capitán del PRESTIGE por un supuesto delito de desobediencia y contra el medio ambiente. Esa denuncia desencadenó la compleja maquinaria de un proceso penal. Al desastre fáctico se le sumó una contienda jurisdiccional que todos los interesados sabían ilimitada, además de absurda. Un gran espectáculo pagado de principio a fin por los contribuyentes españoles. ¿Y por qué ordenó el director general de Marina Mercante, José Luis López Sors, un ingeniero naval con muy escasos conocimientos jurídicos, la denuncia contra Mangouras, infundada por demás? Se lo pregunté una tarde en el Hotel Riazor de La Coruña, en marzo de 2013, mientras se celebraba la vista oral del proceso. ¿Por qué lo hiciste? ¿No sabías que esa puerta podía llevarte al infierno también a ti? Me miró, tragó saliva y me contestó: “Algo había que hacer, Juan”. Confieso que todavía no me he recuperado del impacto. Todo empezó porque “algo había que hacer”.

¿Cuándo acabará esta historia interminable? En noviembre de 2022, aprovechando el vigésimo aniversario del suceso, es posible que nos atrevamos a emitir un pronóstico. Con todas las reservas, naturalmente. Y pase lo que pase, recuerden que el evento lo estamos pagando los españoles. Es el precio por tener gobernantes que actúan al tuntún.

 

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