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POLÍTICA Y POLÍTICOS DE ALTO NIVEL PARA MEJORAR EL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL

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DANIEL MOLERO 26/06/2018

Blog: "Viento de Tramontana"

Uno de los caballos de Troya del nuevo Gobierno socialista está en la necesidad de fijar objetivos claros para un mandato corto. En esta línea, la elección de los cargos para la Administración se ven como objetivos clave para una futura contienda electoral en la que, el PSOE, podría partir con la ventaja (a priori) de viajar a las urnas desde el poder. Para ello los estrategas del partido ven clave que los puestos de mayor importancia mediática sean para profesionales afines con capacidad de diálogo, dado el escaso margen de maniobra.

Uno de los principales exponentes está en los presidentes de las empresas públicas dependientes de Fomento: Adif, Renfe, Aena… pero, fundamentalmente, Puertos del Estado. En este puesto, el elegido tiene que ser una persona que, desde Madrid, sepa lidiar con las peticiones de las autoridades portuarias, al tiempo que cumpliendo con la legalidad vigente y, por supuesto, contentando a las Comunidades Autónomas donde se ubican.

Teniendo en cuenta que la citada legalidad es un valor cambiante, en dependencia de las leyes que se aprueben, la actual Ley de Puertos debe ser modificada con un consenso de Estado. Pero tardará, al menos hasta la próxima legislatura. Se trata, no obstante, de un marco anticuado, con el que el todavía inquilino del despacho presidencial del OPPE converge absolutamente… no en vano es su obra. Sin embargo, las tendencias cambian y tanto desde la esfera empresarial como desde la Unión Europea creen que el sistema portuario español no está sólo desfasado sino que atenta contra la competencia real y la competitividad de los puertos de interés general.

En este sentido, los principales enclaves del sistema ya han reclamado en repetidas ocasiones el disponer de un margen mayor a la hora de abordar y cumplir sus respectivos planes estratégicos. No se entiende, sobre todo en los principales puertos, cómo es aún posible que sea el Gobierno del Estado el que fije las tarifas portuarias para todos, dejando un mínimo margen de maniobra, en cuestión de porcentaje, sobre una cifra marcada en los Presupuestos Generales; habida cuenta de las diferencias entre los enclaves. Unas diferencias que se dan tanto por la ubicación, por la capacidad, como por el volumen, etc.

Cabe también destacar que desde Bruselas reclaman una liberalización del sistema portuario comunitario y, en primavera de 2019, cuando quede aprobada la nueva reglamentación de puertos que está culminando la Comisión Europea, se darán claves de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros que –quizá- culminarán con el desmantelamiento del actual sistema centralizado español.

Es lo que nos viene desde Europa y, como será ineludible el plasmarlo en las legislaciones de cada miembro, lo mejor sería que, desde el ministerio de Fomento, el de Hacienda o, al que compita, se pusieran desde ya manos a la obra, para que después no nos cojan (otra vez) como con la Sentencia de la Estiba, de brazos cruzados.

Desde la parte empresarial son muchas las voces que, cuando se acercan elecciones, claman porque sobran autoridades portuarias y disponen a que el nuevo sistema nacional debe tender hacia lo realizado por la República Italiana que, ya hace casi dos años –y por Decreto- reorganizó, racionalizó y simplificó su sistema que, en su caso, estaba fragmentado en cerca de 60 puertos (por los 46 de interés estatal que existen en España), dividiéndolo en 15 entidades administrativas (leer noticia relacionada). Tiene lógica: se trata del crecimiento a través del descenso de costes.

Los Pastor, De la Serna, Gómez Pomar… y, sobre todo, Llorca, nunca se han querido poner el mono de faena para cambiar las cosas a mejor. Les estaba bien un sistema basado en la servidumbre que aporta cuantiosos beneficios a las arcas de un organismo público que después no deben justificar.

Es trabajo del nuevo ejecutivo socialista el intentar tender puentes para que los puertos sigan creciendo, pero que lo hagan enmarcados en un proyecto de futuro acorde al marco jurídico internacional y a unos mínimos de competencia entre pares.

Para lograrlo se necesita política pero, ante todo, políticos capaces y de alto nivel… y, un paso fundamental será ver a quién nombran en la presidencia del OPPE. Le desearemos la suerte y el acierto que no ha tenido el predecesor en el cargo.

 

 

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