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LOS SAQUEADORES

  • Administración marítima
  • Navieras

JUAN ZAMORA 22/09/2013

Blog: "El barógrafo"

Saquearon una empresa marítima por el procedimiento habitual, el mismo que utilizaron los saqueadores de Bankia, de Caixa de Catalunya, o de Novacaixagalicia, el mismo de los saqueadores de los aeropuertos peatonales, análogo al que patentaron para saquear el Palau de la Música catalana y para crear esas oscuras fortunas personales ordeñando los cargos públicos heredados o concedidos por la gracia del Gobierno de turno. La empresa, pública o privada, se endeuda hasta quebrar mientras los bolsillos de sus gestores, directa o indirectamente, rebosan de dinero libre de impuestos. Dinero sucio, delictivo, pero que vale lo mismo que el dinero honrado para hacerse con fincas, inmuebles y valores seguros de las bolsas de Zurich, Londres o Nova York.

El hundimiento de la empresa armadora Navicon, por el que una nutrida banda de directivos público-privados, está acusada de estafa, alzamiento de bienes, quiebra fraudulenta y falsedad documental, constituye una metáfora muy apañada de la degeneración que nos ha tocado penar.

Navicon, creada con capital de Trasmediterránea, entonces empresa pública, y Transfesa, la joya de los Fernández Fernández, surgida de los años de plomo, se hundía sin remisión, suspendió pagos en 2001, con un pasivo contable de 3.288 millones de pesetas, pero las sociedades creadas por sus gestores y ejecutivos para ocultar sus afanes, en un paraíso fiscal, por supuesto, hinchaban sus cuentas corrientes. Detrás quedaban numerosas empresas de servicios que habían trabajado para la naviera, algunas con deudas importantes que nunca cobrarán, la Hacienda pública, la Seguridad Social y numerosos particulares y trabajadores que se esforzaron en marear unos buques gestionados desde los despachos madrileños por una mezcla de logreros y arribistas, trepadores a destajo que cobran de una lista larguísima de consejos de administración, lo suyo es figurar y llevárselo crudo, da lo mismo una empresa de hostelería que una sociedad financiera o una agencia de servicios logísticos, ellos valen para todo lo que huela a dinero, son capaces de husmearlo a distancia. ¿Recuerdan aquella graciosa muchacha que le dijo al juez que investiga los desmanes de Bankia que ella de economía nada en absoluto, cero, ella formaba parte del consejo de administración de la entidad bancaria porque era amiga de doña Esperanza Aguirre, gran jugadora de golf?. Pues eso

Hablamos de los Fernández Fernández, Emilio Carlos y José Manuel, los  ex amos de Transfesa (gran pelotazo su venta a los ferrocariles alemanes), a quienes el auto judicial de 2 de septiembre pasado, Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que acuerda la apertura de juicio oral, acusa de un delito de estafa con circunstancias agravantes (arts. 248 y 250 del Código Penal, CP); dos delitos de alzamiento de bienes (art. 257 CP); y un delito de falsedad documental contable (art. 261 CP). En total, de ser condenados, un mínimo de cinco años de prisión y multas cuantiosas.

Hablamos del vistoso Miguel Ángel Fernández Villamandos, ex director general de Trasmediterránea, luego presidente en sustitución del malhadado Trias de Bes, el hombre que quiso reinar en Cataluña como juguete de Aznar López y a quien para consolarle le sentaron en la cúspide de la naviera pública, a quien la justicia acusa de dos delitos de alzamiento de bienes y un delito de falsedad documental.

Hablamos del abogado del Estado en exdecencia (¿o se dice excedencia?), Risquete Fernández, un  hombre perejil que encontramos en salsas variadas, ingrediente omnipresente en los consejos y la dirección de Trasmediterránea, ahora acusado de dos delitos de alzamiento de bienes y un delito de falsedad documental.

Hablamos de Peña Varona, don Gregorio, abogado de lustre, especializado en gestionar secretarías de múltiples consejos de administración, un verdadero hombre orquesta, todo un personaje en el Madrid de la mendacidad, donde los truhanes son bendecidos por los ladrones y éstos, a su vez, amparados por las cumbres del poder político instituido. 

Y podríamos hablar de otros nombres bien conocidos, como el de Vicente Boluda, quien llegó a presidir el Real Madrid, nada menos, acusado de alzamiento de bienes. O el de Ángel Mato, hermano de esa chica de los recados que tiene alquilado el despacho de ministra de sanidad, la taimada Ana Mato, ex casada con un bribón de siete suelas sin que ella fuera consciente, ni siquiera “le constaba”, también acusado de un delito del artículo 257 del CP.

Los saqueadores, ya digo.

Verán los lectores que al final de la resolución judicial mencionada, adjunta en formato pdf, aparece la firma de la jueza. Debería haber escrito La Jueza, con mayúsculas el artículo y el sustantivo, doña María Isábel Durántez Gil, tal vez ahora olvidada (es sano olvidar los desastres), pero durante tres años directora general de Marina Mercante, la autoridad marítima española, por la gracia de un graciosillo amargado que responde al nombre de Pepiño Blanco, figura notoria del Madrid de los milagros de Zapatero, una mujer ardorosa que del sector marítimo, de buques y de leyes marítimas tenía una idea remota y envuelta en las brumas de la noche sin luna. De la política (su nombramiento tuvo de técnico cero zapatero), a la magistratura. De reírle las gracias a los saqueadores del sector, grandes abrazos y brindis, a juzgar los delitos que no han podido ocultar.

Reconozcamos que las películas de Almodóvar son una niñería comparadas con la espléndorosa realidad española.

 

 

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