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LOS PUERTOS NECESITAN MARINOS

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  • Puertos

JUAN ZAMORA 01/12/2014

Blog: "El barógrafo"

Hubo un tiempo en que los gestores de los puertos sólo se encargaban de las construcciones civiles levantadas en las zonas portuarias, del mantenimiento de los muelles y de los rudimentarios medios de carga y descarga apoyados en el hormigón. Había una clara separación conceptual y competencial entre el agua y la tierra, una frontera marcada por el cantil de los muelles. Del cantil para tierra se encargaban los funcionarios de puertos; del cantil para fuera, de cuanto sucediera en la lámina de agua, buques y embarcaciones, navegación, balizamiento, contaminación y limpieza, etc. se encargaban los marinos nombrados por la Armada, y los prácticos en todo aquello que atañía a la seguridad.

Era un esquema simple, pero eficaz. Para gobernar las magras competencias atribuidas al personal portuario los legisladores decidieron, no sin razón, que convenía poner al frente a técnicos formados en obra civil, unos ingenieros específicos entendidos en puertos a quienes reservaron la dirección de los enclaves.

A medida que los puertos crecían y se desarrollaban, el balance de poder entre los marinos y los ingenieros y sus colaboradores iba equilibrándose y más tarde inclinándose hacia estos últimos. Pero la frontera del cantil del muelle seguía otorgando a los profesionales del mar un área muy considerable de competencias.

Aunque con el paso de los años el hormigón perdía peso en favor de la organización de la actividad portuaria, los ingenieros de caminos, canales y puertos (una denominación con clara vocación de exclusividad profesional en esos ámbitos), siguieron monopolizando la dirección de los enclaves.

Llegados a finales de los años ochenta del pasado siglo, el comercio y el transporte marítimo habían alcanzado una importancia capital en la economía, de modo que los puertos, el nodo que une el transporte por mar y los transportes terrestres, se vieron precisados a actualizar su gestión. Tras diversos borradores y proyectos, el ministro Josep Borrell (un gigante intelectual y político que con Antoni Llardén de subsecretario conformó el mejor equipo directivo que ha dirigido el ministerio encargado de las obras públicas y el transporte), decidió fundir los proyectos de ley de marina mercante y de puertos, llevando al Parlamento lo que a finales de 1992 sería la célebre Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (LPEMM).

La LPEMM, además de otras contribuciones fundamentales a la democratización y progreso del país, rompió la histórica frontera entre las competencias marítimas y terrestres de los puertos. A las autoridades portuarias se les concedían todos los espacios de dirección técnica y económica de las actividades que el puerto desarrolla relegando a las autoridades marítimas a un papel secundario, prácticamente marginal. El peso de las competencias sobre los servicios de remolque y practicaje, dos servicios esenciales para la seguridad de las operaciones portuarias, pasaba a manos de los directivos del puerto. Ingenieros, naturalmente.

La situación hoy de los puertos españoles, de competencia estatal y de competencia autonómica, resulta insostenible. El cambio normativo de 1992 no vino acompañado de un desembarco suficiente de profesionales del mar en la dirección de los puertos, que siguieron con su inercia constructora, como si la gestión portuaria fuera una mera cuestión técnica relacionada con el cemento y con esa confusa ambigüedad llamada logística.

La mayoría de las Autoridades Portuarias no tienen ni un marino profesional en su estructura ejecutiva. Ni uno sólo. Es como si la gestión de los hospitales estuviera encomendada exclusivamente a los titulados en Farmacia (con algún economista y algún abogado, claro está), bajo el argumento de que éstos conocen y pueden controlar el gasto farmacéutico y sanitario.

La ausencia, salvo excepciones, Vigo por ejemplo, de profesionales del mar en la estructura directiva de las Autoridades Portuarias provoca episodios tan alarmantes como la planteada en el puerto de Sevilla con la seguridad de las maniobras de los buques, la presidenta del puerto, la química Carmen Castreño imponiendo su desconocimiento náutico a los expertos capitanes de la marina mercante con plaza de práctico; o el malestar generalizado de prácticos y remolcadores que han de enfrentarse día tras día a la voracidad de los farmacéuticos por recortar la factura sanitaria, ignorando que su misión fundamental es curar, o sea hacer del puerto un elemento seguro y eficiente.

Resulta incomprensible esa situación, agravada por el hecho de que las AA.PP. ni siquiera cuentan con los prácticos del puerto cuando organizan misiones comerciales, viajes de intercambio, estudios de viabilidad y proyectos de mejora de las instalaciones. Tenemos unos gestores portuarios que, salvo contadas excepciones, ignoran el ámbito marítimo de los puertos, buques y embarcaciones, y desconocen de forma interesada que si los puertos existen es gracias a esos buques y embarcaciones.

Que nadie piense en pugnas corporativas o en batallas competenciales ligadas a la titulación profesional. Es mucho más sencillo. Las Autoridades Portuarias necesitan marinos en su dirección para mejorar su competitividad y su eficiencia. Y los necesitan con urgencia. 

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