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LOS NAVIEROS EUROPEOS RECLAMAN QUE BRUSELAS SE POSICIONE ANTE LAS EXENCIONES DE PRACTICAJE

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NAUCHERglobal, Daniel Molero 14/10/2014

La semana pasada, los representantes de la Asociación Europea de Navieros (ECSA, en sus siglas inglesas) se reunieron en Copenhague en el marco de los Danish Marimite Days acogidos por la asociación naviera nacional, y debatieron, entre otros, dos de los temas que más preocupan a los armadores en las últimas fechas: las exenciones a los servicios de practicaje portuario y la necesidad de que Bruselas dé claridad jurídica y coherencia en el uso de tecnologías de depuración en los puertos comunitarios.

Sobre el primer punto, desde la ECSA, su secretario general, Patrick Verhoeven, explicó que ante el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros de Transporte europeos, celebrada la semana pasada (ver enlace a noticia relacionada) opinan que debe ser el Ejecutivo comunitario el que proponga una regulación sobre las exenciones, en su apuesta por la liberalización de los servicios portuarios y la financiación de las instalaciones portuarias.

Según recuerdan desde la Asociación de Navieros Españoles (Anave) en septiembre de 2012, la Comisión Europea presentó un informe elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers (acceder desde este enlace, en inglés) en el que se resaltaban diferencias importantes entre los requisitos y los procedimientos que los puertos aplican en su territorio. Sin embargo, Bruselas retrasó tomar cartas en el asunto hasta tener finalizada la nueva Reglamentación que acordaran los Ministros de Transporte la pasada semana en su reunión.

Una vez tomada la decisión de liberalizar parte del segmento portuario, la ECSA pretende recordar al nuevo comisario de Transporte, Maros Sefcovic, la palabra de su predecesor y que sea desde la Comisión Europea que se estudie la armonización de las exenciones.

La propuesta que lanzaban desde PWC señalaba que deben ser los Estados los que tengan libertad a la hora de aplicar las citadas exenciones. Recordar que dentro del nuevo marco regulatorio tanto los servicios al pasaje como los de estiba deben estar sujetos a normativas de fair play financiero, "pero exentos de las disposiciones sobre acceso al mercado, tal y como propuso inicialmente la Comisión Europea", según indican desde Anave.

Es en este sentido ahora aparecen modificaciones respecto a la propuesta inicial de Bruselas, según la cual, se posibilita la limitación del número de prestadores de los servicios portuarios, en el caso de instalaciones portuarias más pequeñas o con menor tráfico; que se amplía en el caso de que las cifras de tráfico no ofrezcan viabilidad a establecer una oferta por parte de diferentes operadores; además de limitar los operadores por razones de seguridad, de protección o medioambientales.

Por otro lado, la ECSA articuló una carta dirigida a la Comisión (ver enlace, en inglés) por la que reclama armonizar la toma de decisiones sobre las descargas de agua producidas en los scrubbers instalados a bordo de los buques. Recordar que desde el 1 de enero del próximo año, todos los buques que naveguen en las Áreas de Control de Emisiones de Azufre (SECAs) sólo podrán utilizar combustible con un contenido máximo de azufre del 0,1%, (o el mismo nivel de emisiones por uso de combustibles alternativos o tecnologías de reducción compatibles).

Estos scrubbers son los dispositivos que utilizan el agua marina para alterar y reducir las emisiones de azufre no deseadas de los gases de escape y se trata de una de las pocas tecnologías de reducción disponibles.

Sin embargo, este “deslastrado” choca con la normativa de algunos países miembros en cuanto a las limitaciones sobre el contenido de contaminantes en aguas de puertos, estuarios y zonas costeras. Según Verhoeven, "la incertidumbre actual pone en peligro las inversiones ya realizadas por algunos armadores en sus buques al instalar scrubbers que cumplan con las normas sobre la calidad del aire". Para el secretario general de la ECSA, "Toda restricción a la utilización de esta tecnología debe, a nuestro juicio, ser precedida por una evaluación científica en base a las directrices de la OMI y no se debe penalizar a aquellos armadores que ya hayan invertido en estos sistemas de depuración" previamente y ante la falta de normativa.

 

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