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LOS JUZGADOS DE HUELVA IMPUTAN VARIOS DELITOS A LA PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

  • Derecho marítimo
  • Puertos

NAUCHERglobal, Redacción 05/06/2015

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha comunicado la imputación de la presidenta del puerto de la ciudad, Manuela de Paz y el exdirector de la Autoridad Portuaria, Pedro García y ha llamado como testigo a Carmen LLoret, delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Según un comunicado de CCOO, el sector estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato, elevó denuncia el pasado 28 de mayo ante la Fiscalía de Huelva contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, el exdirector de la Autoridad Portuaria y la delegada territorial por la supuesta comisión de los siguientes delitos: un delito ambiental del artículo 325 y otro del 329 del Código Penal; un delito de prevaricación del art. 404 del CP; un delito de falsedad del art. 390.1.4º del CP; un delito contra la integridad moral del art. 173.1 párrafo 2º del CP; un delito contra los trabajadores del art. 173 del CP; un delito de malversación de fondos públicos, y fraude de subvenciones del art. 308 del Código Penal.

En este sentido, desde el sector estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, se denunció un supuesto delito de prevaricación al “haber utilizado la presidenta del puerto, en su condición de autoridad-funcionaria pública, la adjudicación a Sandetel de trabajos contenidos en la asistencia técnica para la renovación tecnológica, modernización, mejora de seguridad y gestión de los sistemas de información y telecomunicaciones de la Autoridad Portuaria con un presupuesto de inversión de 1.134.237,85 euros haciendo caso omiso a las recomendaciones del Ministerio de Fomento que, a través de informe jurídico de Puertos del Estado, desaconsejó categóricamente dicha adjudicación”.

Asimismo, CCOO denuncio también “la supuesta comisión de delitos medioambientales en el proyecto ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo que requería preceptivamente evaluaciones ambientales y evaluación Red Natura 2000”.

En este sentido, “se podría haber incurrido en delitos medioambientales recogidos en el Código Penal, así como “un delito de fraude de subvenciones en tanto que la presidencia de la Autoridad Portuaria obtuvo una subvención a través de los fondos comunitarios Feder de más de 120.000 euros supuestamente falseando las condiciones requeridas para su concesión y ocultando exigencias que sin duda hubieran impedido la concesión de esos fondos, ya que no sólo ocultó las evaluaciones de la Red Natura 2000 y de impacto ambiental sino que, para cubrir formalmente la exigencia del estudio de impacto ambiental supuestamente incluyó fraudulentamente en el expediente dos escritos antiguos del Ministerio de Medio Ambiente de fecha 19 de diciembre de 2007 y del 8 de enero de 2009, emitidos respecto a la primera fase de ampliación Sur del mismo muelle, pero que carecían de validez con respecto a la segunda fase, y todo ello, supuestamente porque se le cumplía el plazo para cobrar los fondos Feder de esta segunda fase (Programa 2008-2013)”.

La Sección Sindical de CCOO en la Autoridad Portuaria ha interpuesto una nueva denuncia contra la presidenta y el exdirector por un delito contra la libertad sindical y el derecho de huelga, recogidos en el art. 311 y siguientes del Código Penal. La sección sindical ha afirmado que “la actitud por parte de la presidenta de la Autoridad Portuaria se ha agravado tras la denuncia presentada y por la que hoy se la llama en calidad de imputada así como el último proceso electoral donde CCOO obtuvo la mayoría de representación”.

Finalmente, el sindicato ha reclamado que al margen de las responsabilidades penales que tendrán que dirimir los jueces, debería de adoptarse inmediatamente “responsabilidades políticas, ya que todos los denunciados son cargos públicos nombrados por el Gobierno de la Junta de Andalucía”.

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