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LOS INTERESES DE REPSOL NO SON "DERECHOS NACIONALES"

  • Seguridad marítima
  • Administración marítima

NAUCHERglobal, Ricardo Enebros 18/11/2014

La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, ha defendido con firmeza la actuación de la Armada en su guerra contra Greenpeace y a favor de los intereses de la petrolera Repsol, según ha informado la Agencia EFE. Nada que objetar. La señora Hernández Bento cumple con su deber, defensa a ultranza de lo que haga o deje de hacer el Gobierno del que ella es representante en las Islas Afortunadas.

Ahora bien, esa defensa del Gobierno y de su puesto de trabajo no le autoriza a responsabilizar a la organización ecologista del incidente y a tachar de ilegal la postura del Gobierno canario en contra de las prospecciones. Y mucho menos a afirmar con el desparpajo de los ignorantes impunes que “la Armada ha actuado en defensa de los derechos nacionales”.

¿Derechos nacionales? ¿La defensa de los intereses de Repsol constituye un derecho nacional? Supongamos que de las prospecciones se deduce que hay un rico yacimiento de hidrocarburos. Y supongamos que Repsol obtiene unos astronómicos beneficios a causa de ello. ¿Irán esos beneficios a las arcas públicas para mejorar la sanidad, la educación o la Administración de justicia? Por supuesto que no. Repsol tributará por ellos el mínimo posible, con las triquiñuelas a su alcance, y el resto irá a los bolsillos de los accionistas y de los directivos de la empresa. Esas son las reglas de la economía liberal de mercado. Ni siquiera tendrán un detalle con la Armada, incomprensiblemente puesta al servicio de los derechos de los accionistas de la petrolera Repsol.

Dice la señora Hernández que la actuación de la Armada se ha debido a la imposibilidad de la Guardia Civil (Servicio Marítimo, se supone) de actuar fuera del mar territorial. Cierto es que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley 2/1986, de 13 de marzo) extiende las competencias de la Guardia Civil al “mar territorial”, pero esa regla no parece excluir, ni mucho menos, que el Cuerpo pueda actuar más allá de las 12 millas, dentro de aguas en las que el Estado español ejerce determinados derechos soberanos.

La intervención militar en este caso, y en otros anteriores, obedece claramente al propósito de los actuales mandos de la Armada por visualizar su existencia a fin de acopiar argumentos que avalen la necesidad (o la conveniencia al menos), de que la Armada se erija en controladora y directora de la seguridad marítima. Un propósito legítimo, sin duda, pero que sólo complicaría aún más el enrevesado panorama de las competencias marítimas dentro de la organización administrativa del Estado español. La Armada no debería olvidar que su misión no es enredar sino defender las fronteras y la integridad territorial de la nación española. Esa es la legalidad que han de cumplir.

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