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LOS ESTIBADORES ABOGAN POR AGOTAR LOS RECURSOS LEGALES PARA DEFENDER EL MODELO ESPAÑOL

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DANIEL MOLERO 12/12/2014

Blog: "Viento de Tramontana"

Hace meses que se sabía que el Tribunal Europeo de Luxemburgo (TJUE) iba a limitar el sistema portuario español en cuanto a los servicios de estiba. Y como NAUCHERglobal ha ido informando en las últimas semanas, los trabajadores ya llevan un tiempo preparando su respuesta ante el fallo de la sentencia.

Antolín Goya, máximo responsable de Coordinadora, y Jordi Aragunde, coordinador general de IDC, se reunían el pasado mes en Madrid con el presidente de Puertos del Estado, José Llorca y la ministra de Fomento, Ana Pastor, para hacerles partícipes de su propuesta ante el que era inminente fallo de Luxemburgo (ver información relacionada).

En este encuentro, conocida –como ya era- la sentencia, ambos representantes sindicales reclamaron al Gobierno apoyo institucional en cuanto a la presentación de todos los recursos legales posibles –a nivel de Estado- para combatir el veredicto contrario. Según los servicios jurídicos de Coordinadora esta sentencia (ver noticia relacionada) "adolece de defectos esenciales", por lo que creen necesario presentar cuantas apelaciones permita la Ley, incluso llegar a reclamar un arbitraje internacional.  

Según un comunicado hecho público en la tarde de ayer, el TJUE propone, de entre los modos alternativos al actual funcionamiento, “que sean las propias empresas estibadoras las que gestionen las 'oficinas de empleo', que han de suministrar la mano de obra y organizar la formación de los trabajadores, o que se cree una 'reserva de trabajadores' gestionada por empresas privadas, como agencias de trabajo temporal".

Parece claro que ni desde Bruselas ni, en su caso, desde la Sala 6ª del Tribunal se han dado cuenta que las actuales Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) ya funcionan siguiendo este modelo: como su propio nombre indica, son empresas privadas gestionadas, a través de las participaciones (accionariales) por empresas estibadoras que “utilizan el personal contratado por la misma para la realización de su propia actividad, ocupando el  número de trabajadores y la cualificación profesional que precisan para cada actividad”.

Conocido este presunto desliz jurídico, el único punto en contra sería, en este caso, la obligatoriedad que otorga la Ley de Puertos española para que las empresas ocupen a los trabajadores de estas sociedades, en lugar de poder acudir a un mercado liberalizado. No obstante, también cabe tener en cuenta que Bruselas no considera –ilógicamente- a la estiba como servicio portuario, una materia pésimamente defendida por los representantes españoles en el consejo de ministros de Transporte europeo (ver información relacionada).

No en vano, tal como confirmó el presidente de Puertos del Estado a NAUCHERglobal, el organismo sí es de la opinión que sí se trata de un servicio portuario, al nivel del amarre, la consignación, el practicaje, etc. merced al acuerdo –tácito- entre el propio Gobierno con patronal y trabajadores (ver información relacionada). Parece el mundo al revés: por un lado desearían tener un mercado liberalizado y, por otro, introducen en la Ley de Puertos un articulado que obliga a utilizar los servicios de una determinada sociedad.

A bote pronto, Coordinadora considera que “la sentencia constituye una agresión inaceptable contra la estabilidad en el empleo de los estibadores portuarios españoles”, al “pretender convertir los contratos indefinidos con el conjunto de las empresas agrupadas en las Sagep de cada puerto en desempleados gestionados por empresas de trabajo temporal”. En cualquier caso, de no prosperar probables recursos al TJUE, la solución está, como avanzó NAUCHERglobal, en la capacitación profesional y la formación (ver información relacionada).

Para trabajadores y empresas se trata de constituir un sistema que otorgue beneficios a la economía nacional y, pese al estigma del Spain is different, lo cierto es que el modelo actual funciona, al menos en los grandes puertos, por cuanto los niveles de productividad y agilidad son compatibles con las grandes instalaciones del Norte de Europa. Si bien es cierto que, para contentar a las compañías, Puertos del Estado podría plantearse rebajar considerablemente los costes asociados a las tasas. De esta manera se conseguirían al menos dos consecuencias positivas: estimular la llegada de más buques, con el correspondiente beneficio para los propios operadores; y competir con los puertos del Norte que, a fin de cuentas, son los beneficiarios de la sentencia de Luxemburgo.

Por lo pronto, los sindicatos solicitarán la apertura de una mesa de análisis con el Ministerio de Fomento y con la patronal Anesco, a fin de buscar fórmulas que estabilicen el sistema portuario, con garantía de estabilidad en el empleo. Además, Coordinadora convocará a su organización internacional (IDC) para dar una respuesta en el ámbito europeo a la actuación de la Comisión que, a través del mismo método, pretende modificar el régimen de la estiba en Bélgica y Alemania. En este sentido a mediados del próximo mes de enero Barcelona acogerá la reunión del sector europeo de IDC –como ha confirmado a NAUCHERglobal su máximo responsable- para debatir, entre otros puntos, qué respuesta conjunta dar.

 

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