Volver al listado de noticias

LOS EFECTOS DESTRUCTIVOS DE LA CORRUPCIÓN

  • Infraestructuras portuarias
  • Puertos
  • Entorno marítimo
  • Náutica deportiva
  • Comunidad portuaria

JUAN ZAMORA 13/01/2019

Blog: "El barógrafo"

Ceuta es un enclave situado en el norte de África, justo al otro lado del Estrecho de Gibraltar, que por razones, intereses y azares forma parte del Reino de España. Un territorio pequeño, con una población escasa y, sobre todo, un puerto. Tranquilo, con una buena situación estratégica en la entrada y salida del Mar Mediterráneo, el puerto de Ceuta carece hoy de grúas y de terminales consolidadas. Se dedica exclusivamente al tráfico de buques de pasaje y carga rodada, “ferrys” y “ropax”, y al suministro de combustible (el conocido “bunkering”) aprovechando sus buenas condiciones fiscales otorgadas en mérito de ser una parte de España digamos en territorio hostil, necesitada de especial protección.

La ciencia política estableció hace mucho tiempo que una organización u organismo alejado de los centros de decisión y control, fuertemente subvencionado y protegido, constituye un marco propicio a la desidia, la dejadez y la corrupción. Llegar a Ceuta no es fácil, pues carece de aeropuerto. A muchas personas, vivir en Ceuta les pesa como una losa, añoran los cómodos viajes en coche, muy complicados desde Ceuta, y la vida social y cultural de cualquier ciudad de la Península. Un sacrificio que, creen, no está debidamente compensado, de modo que consideran justificado obtener, siempre que sea posible, ese plus extra que les resarza. Trabajar poco y entregarse a la molicie de sacar tajada allí donde se pueda, legal o ilegalmente, por lo civil o por lo criminal.

Centrémonos en el puerto. La llegada de las huestes de Aznar López, José Maria, al Gobierno de España en 1996, apoderándose cual Atila inmisericorde de todos los resortes de la Administración (algún día un historiador contabilizará los daños que causaron al país), llevaron a la presidencia del puerto de Ceuta a Pepe Torrado, un funcionario que ha dominado el mayor activo de la ciudad autónoma de Ceuta hasta el pasado 7 de mayo, cuando se vio obligado a dimitir ante el cierre de la instrucción judicial que le acusa de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la concesión del puerto deportivo. En total, descontando el breve paréntesis en que el GIL lo descabalgó (recordemos al inefable Jesús Gil y Gil, señero exponente de la corrupción política), Pepe Torrado ha señoreado el puerto de Ceuta durante 20 años y 6 meses.

Para sustituir a Torrado, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas Lara, Partido Popular, necesitaba una persona con carácter, experiencia, probada honradez y buen conocimiento del mundo marítimo y portuario. Pensó en Rafael Rodríguez Valero, director general de Marina Mercante desde 2012, donde había realizado una magnífica labor. Seducido por el reto profesional, Rodríguez Valero aceptó la oferta, cesó como director general y a finales de mayo de 2018 tomó posesión del cargo de presidente del puerto de Ceuta.

Llegó cargado de ilusiones, dispuesto a desarrollar el puerto, captar nuevos tráficos, impulsar las escalas de los cruceros, mejorar los servicios portuarios, posicionar al puerto en los combustibles del futuro y acelerar el crecimiento de la náutica de recreo. Y se puso de inmediato manos a la obra. Hace unos días, llegó al puerto una segunda gabarra de suministro de combustible; y a principios de noviembre del pasado año, la Autoridad Portuaria de la ciudad de Ceuta organizó una jornada sobre el gas natural en el transporte marítimo que resultó un éxito resonante. A estas alturas, sin embargo, Rafael Rodríguez Valero ya era consciente de que había entrado en un nido de víboras, un organismo habituado a trabajar con escasos escrúpulos por el procedimiento administrativo y el respeto a la ley. Tantos años de presidencia habían convertido a Pepe Torrado, un hombre de escasa formación intelectual, pero campechano y amiguete, en el padrino, portuariamente hablando, como diría el susodicho, de una organización que incluye entre sus miembros a los directivos más conspicuos del puerto; era suyo, el puerto, y lo gestionaban en su provecho, sin mucho disimulo. De modo que allí donde escarbara, hallaba Rodríguez Valero materia de preocupación cada vez mayor: obras opacas, compras dudosas, contrataciones sin documentación de soporte. Y un largo etcétera.

 Descubrió por ejemplo que el puerto pagaba todos los gastos de una serie de viviendas, construidas en terreno portuario entre 1944 y 1945, de las que se ignoraba quienes eran sus actuales ocupantes. Bien documentadas en origen, el expediente de esas viviendas perdía precisión con el paso de los años, aumentaban los gastos para el puerto y de las ocho viviendas autorizadas inicialmente se había pasado a diez sin documento alguno que las sostuviera. Huelga decir que determinadas mejoras en las viviendas y en el entorno (piscinas, cerramientos, pista de tenis, etc.) carecían del preceptivo documento de aprobación por una autoridad competente.

A principios de diciembre, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria decidió demoler esos chalets y ceder los terrenos, unos 18.000 m2, a la ciudad para infraestructuras y servicios. Una decisión que habrán de pasar varios años antes de ejecutarse, si llega. Y hace unos días, el partido político ceutí Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), denunció ante la jurisdicción a los responsables de tres obras, tres contratos que juntos superan los 155.000 euros y que parten de uno inicial de reforma del chalet número 4. MDyC aprovecha la denuncia para apuntar directamente a los responsables portuarios: ¿Quién autorizó la construcción de esos dos nuevos chalets, en qué fechas se construyeron, quién los autorizó y quién vive en ellos en la actualidad? ¿Tuvo conocimiento Puertos del Estado, o el Organismo correspondiente de las nuevas construcciones de los chalets? ¿Tuvo conocimiento el Consejo de Administración de la AP de estas construcciones y de su coste? ¿Tuvieron conocimiento dichos organismos de la demolición del chalet nº 3 y de la construcción de la cancha de tenis que en la actualidad está en desuso?

La asfixiante sensación de estar rodeado de directivos implicados en los desmanes anteriores, dispuestos a defenderse al precio que sea, permite dudar de la determinación de Rafael Rodríguez Valero de presidir el puerto de Ceuta. Sobre todo, porque en estos casos -ahí está el ejemplo de Bankia- las autoridades políticas y los organismos de control, Puertos del Estado sin ir más lejos, generalmente culpables de mirar hacia otro lado mientras se perpetraba el latrocinio, suelen esperar que todo quede en sordina, sin mojarse en apoyar la imprescindible regeneración. Como si ello fuera posible.

Buscador

Introduzca los términos de búsqueda